Las Pymes denuncian que tanto la Ley Antidespidos como su veto amenazan al 80 % del empleo

Política 09/05/2016 Por
Raúl Zylberzstein, Secretario General de Confederación Gral. Empresaria de la República Argentina (CGERA) y Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Bs AS (FECIBA), afirmó que ni una ni otra medida soluciona la sangría que atraviesa el sector, porque aseguró que “las pymes no despiden, sino que directamente se funden y cierran sus puertas”.
Raúl Zylberzstein
- Raúl Zylberzstein

Reclamó que el proyecto primario debería estar abocado a las Pymes que son las dadoras del ochenta porciento del empleo del país y no como una clausula auxiliar de una legislación elaborada para las grandes corporaciones. Además, sostuvo que parece que el oficialismo y la oposición debaten “un pase de facturas político” que toma de rehenes a los trabajadores y a los pequeños empresarios.

El representante del sector consideró que ni la postura del Gobierno Nacional, ni el proyecto opositor de emergencia ocupacional, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y que será tratado la semana próxima en el recinto de diputados, contemplan la problemática de las pequeñas y medianas empresas del país, que son las dadoras del ochenta porciento del empleo, y advirtió que, de no mediar acciones concretas y urgentes, ambas llevarán al sector a su quebranto definitivo.

Para el directivo, “el empleo no es homogéneo”, entre los que diferenció el empleo estatal, el privado, el empleo en las grandes empresas, en las pymes, en el campo, en los importadores, y ante lo cual expresó que “el primer error es tratar de abarcar a todos con una sola norma”.

En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo Nacional “sólo pretende esperar seis meses hasta que la situación se revierta”, que el proyecto del Senado insta a suspender los despidos por seis meses y a aplicar una doble indemnización, y, en el caso del proyecto del Frente Renovador, “lo único que propone es diferenciar entre las pymes que cuentan con más o menos de 40 empleados, sin desclasificar por el tipo de empresa”. Sobre ese último ítem, el dirigente ejemplificó que “un importador con apenas cuatro personas en su planta puede vender la misma cantidad de mercadería que un industrial produce a través del trabajo de doscientas, con lo cual, de manera absurda, se estaría beneficiando a quien importa y castigando a quien da empleo”.

Además, señaló que “como la propuesta es para las empresas que mantengan su dotación desde Noviembre de 2015, con la aprobación de esa iniciativa se estaría protegiendo a las que tienen menos problemas y no a las que ya recibieron el impacto de la crisis”.

Zylberzstein dijo que “las pymes tienen un histórico problema de competitividad enorme”, y que “hoy se suman los daños colaterales de las últimas medidas económicas que quitan mercado, por la falta de poder adquisitivo y capital de trabajo, por la devaluación, la quita de financiación del la AFIP, y sus altas tasas, y el aumento de los servicios, en especial la energía”, ante lo cual reconoció que “no se critica la ley antidespidos para poder echar gente o para evitar una doble indemnización, sino porque no se hace hincapié en medidas que ayuden a sostener el empleo”.

Al respecto, resaltó que “las pymes no disponen hoy de capital para poder afrontar despidos", y reconoció que “por eso, las pymes directamente cierran, como ya muchas lo hicieron, dado que ese sector no dispone siquiera del capital económico para afrontar las cesantías”. Añadió que esas empresas “solo se extinguen junto con los empleos que una vez generaron, y, ante eso, no existe ni un doble ni un simple resarcimiento”.

También solicitó que el proyecto que tratará la cámara baja debería “apuntar sólo contra los despidos masivos que superen un porcentaje de la nómina general y no casos puntuales”. Además exigió que no se tomen como cesantías los denominados “despidos indirectos”, que son aquellos en donde los trabajadores se consideran despedidos sin que exista una real vocación del empleador para que eso suceda.

A su vez, indicó que “el principal factor que le resta competitividad a las pymes, en especial a las industriales, es la enorme presión tributaria que ejerce el Estado sobre los salarios, inclusive sin contar ganancias, y sobre todos los rubros”, porque reclamó que “hasta se pagan impuestos por pagar impuestos” en relación al tributo que se abona a los créditos y débitos cuando se gira el dinero a la AFIP. También expresó que es necesario que el gobierno “les saque el pie de encima”, como recordó que se hizo con las cerealeras, las mineras y las pesqueras; a las cuales resaltó como “importantes actividades económicas”, pero que “no son las grandes generadoras de empleo”.

Ante esta situación, el dirigente de CGERA, entidad que agrupa a las cámaras sectoriales nacionales de todos los rubros, y Presidente de FECIBA, de representación en el segundo distrito industrial del país, que es la Capital Federal, instó a todas las fuerzas políticas del ámbito legislativo a elaborar “una norma más inteligente” que tenga como centro a la mayoría de los trabajadores, que son los que trabajan en las PYMES, porque expresó que “para las grandes corporaciones los empleados son un gasto, pero para las pymes son su capital”, y aclaró que “nadie quiere perder ese patrimonio”.

De cara a los próximos días, el referente de las pymes manifestó que espera “que se forme rápidamente un ámbito de debate, donde se deje de lado el típico pase de facturas políticas entre los diferentes partidos, que toman de rehenes a los trabajadores y a las pymes”, y añadió que aguarda que “se elabore una medida mas consensuada, equilibrada y productiva” para contener lo que calificó como “una verdadera emergencia laboral”.

Finalmente, Zylberzstein apeló al razonamiento colectivo de todo el arco político, siendo que hoy cree que “todos los caminos planteados conducen al ocaso”, porque consideró que “el proyecto de ley es malo” pero que “su veto sería aún peor”, dado que concluyo diciendo que “no sería nada bueno sumarle al actual conflicto de empleos una nueva crisis derivada del costo político de vetar la legislación de emergencia laboral”.

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