El Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo, intentaba copar hace 33 años el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 del Ejército, ubicado en la localidad bonaerense de La Tablada, en un ataque que dejó 41 muertos y constituyó la última acción de envergadura emprendida por la guerrilla en la Argentina del siglo XX.
Aquella agobiante mañana del 23 de enero de 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín se encontraba en su último año en un país que soportaba una crisis energética con cortes programados de electricidad y una economía que se encaminaba hacia la hiperinflación.
Pasadas las 6, un camión de gaseosas, sustraído minutos antes por los atacantes en el Camino de Cintura, entró por el portón a la unidad militar con asiento en el partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense.
Los guerrilleros lanzaron panfletos en la puerta del cuartel en los que se reivindicaba al coronel Mohamend Seineldín y al teniente coronel Aldo Rico, líderes de los levantamientos carapintadas que habían puesto en jaque a la administración radical en tres oportunidades (abril de 1987, febrero y diciembre de 1988, éste último apenas un mes antes de La Tablada).
De esta forma, los 46 atacantes del MTP planeaban generar confusión entre el personal militar al entonar consignas y vivas para los dos oficiales rebeldes, llegar al sector en el cual se encontraban estacionados los tanques y salir del cuartel a bordo de estos vehículos hacia la Capital Federal.
El denominado operativo "Tapir" debía concluir a media mañana de ese lunes y el objetivo de Gorriarán Merlo -un exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que supervisó las acciones desde las inmediaciones de la unidad militar- pasaba por alertar sobre la inminencia de un golpe de Estado por parte de los carapintadas.
Los integrantes del MTP creían que cuando la población tomara conocimiento que estaba en marcha una intentona militar contra la democracia se produciría una insurrección popular que reclamaría cambios políticos de fondo.
Pero en su avance por el cuartel, los atacantes encontraron una férrea resistencia en el casino de suboficiales de la base, lo que generó una rápida intervención policial y el despliegue de más de 2.000 efectivos del Ejército, que cortaron cualquier posibilidad de repliegue.
En las primeras horas, reinó la confusión en torno a la autoría del intento de copamiento del cuartel, y sectores del oficialismo abonaban la hipótesis de que una acción carapintada se gestaba en La Tablada.
Pero, a las pocas horas, desde el Gobierno se reconoció que se trataba de un operativo del MTP, del que participaban antiguos militantes del ERP, la guerrilla que había operado en la Argentina durante los años setenta.
El Ejército rodeó la unidad y tendió un cerco sobre los atacantes, contra los que libró un combate que se prolongó durante 36 horas, con fuego de morteros y proyectiles disparados desde tanques.
El saldo final del combate de La Tablada -que significó incluso el bautismo de fuego para la infantería mecanizada que no había sido empleada por el Ejército en la Guerra de Malvinas- fue de 32 militantes del MTP muertos, en tanto que los militares tuvieron siete bajas y la Policía bonaerense dos.
¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones que impulsaron al MTP, a realizar una acción armada contra el Ejército cuando las instituciones democráticas aún intentaban consolidarse?
Más allá de las hipótesis sobre un golpe cívico-militar que podía contar con el aval del candidato presidencial Carlos Menem, o las relaciones que tenía el entonces ministro de Interior, Enrique Nosiglia, con el dirigente del MTP Francisco Provenzano -capturado con vida en La Tablada, y luego desaparecido-, lo concreto es que se trató de una acción que debilitó a un gobierno constitucional en una etapa crítica.
Dos de los juicios que siguieron como consecuencia del ataque al regimiento de La Tablada fueron observados en instancias internacionales, y las violaciones a los derechos humanos cometidas tras la recuperación del cuartel fueron investigadas en un proceso oral y público que se desarrolló en los Tribunales de San Martín.
El primer juicio por el ataque a La Tablada tuvo lugar ese mismo año y 13 militantes del MTP resultaron sentenciados el 5 de octubre, de forma sumaria y sin derecho a formular apelaciones, con penas que fueron desde la reclusión perpetua a los 11 años, en virtud de la ley 23.077 de Defensa de la Democracia.
El segundo proceso oral y público se efectuó en 1990, y Guillermo Maqueda, juzgado bajo las mismas condiciones, recibió una pena de diez años por haber colaborado con el MTP.
Por esos procesos, el Estado argentino recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el presidente Fernando de la Rúa reconoció el incumplimiento del Estado argentino con las garantías del debido proceso.
En octubre de 2000, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley para que los condenados de La Tablada pudieran presentar una apelación al cumplirse 10 años del intento de copamiento, y dos meses más tarde, De la Rúa conmutó las penas de los acusados y nueve de ellos recuperaron la libertad en 2001.
Entre los atacantes no hubo heridos, y cuatro de los integrantes del MTP que estuvieron en La Tablada se encuentran desaparecidos tras haber sido capturados con vida: Díaz, Iván Ruiz, Carlos Samojedny y Francisco Provenzano.
Durante el juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en 2019, el exsuboficial del Ejército César Quiroga reveló que el Ejército "construyó una versión" sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron tras la recuperación del cuartel.
Quiroga contó que en el juzgado de instrucción del juez Gerardo Larrambere, y ante presencia del fallecido fiscal Alberto Nisman -que era secretario del magistrado-, debió modificar en 1990 su declaración inicial y refrendar la versión de que los cuatro desaparecidos se habían fugado de la unidad en medio del combate.
Además, el sargento José Almada testimonió ante el TOF 4 de San Martín que hubo ejecuciones sumarias de varios de los militantes del MTP que fueron capturados con vida.
El 12 de abril de 2019, el ex general Alfredo Arrillaga fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos tras el copamiento del regimiento militar de La Tablada por el TOF 4 de San Martín.
