La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender los efectos de la ordenanza municipal 6.552/24, así como cualquier obra o actividad vinculada al proyecto “Distrito Eco Urbano Berazategui Norte”, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La decisión se tomó en el marco de la causa “González Navarro, Abril y otros c/ Municipalidad de Berazategui s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Municipal 6.552/24”, donde se cuestiona la legalidad del cambio de uso del suelo en una zona costera considerada ambientalmente sensible.
En su resolución, el máximo tribunal provincial también dispuso, por razones de conexidad, la radicación ante sus estrados del expediente iniciado por Global Urbanization Group S.A. contra el Municipio —que tramitaba en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Quilmes— y ordenó la citación de la firma como tercero en el proceso.
Según se desprende del fallo, la Corte advirtió que la ordenanza podría vulnerar principios fundamentales del derecho ambiental, como el de prevención y el de no regresión, al habilitar mayores niveles de construcción y modificaciones en el uso del suelo sin acreditar el cumplimiento de los procedimientos exigidos por la Constitución provincial y la normativa vigente.
En ese sentido, los jueces consideraron que existen elementos suficientes para presumir la existencia de un riesgo ambiental grave, con potencial carácter irreversible, en un área lindera al Río de la Plata y catalogada como de alto valor ecológico.
Además, se ordenó la inscripción del caso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva, lo que refuerza su carácter de interés general y garantiza una mayor transparencia en el trámite judicial.
La resolución implica un freno inmediato al avance del desarrollo inmobiliario en la costa de Berazategui y reabre el debate sobre el equilibrio entre urbanización y preservación ambiental en el distrito.
Morini ya había rechazado el proyecto de rezonificación en la Reserva Ambiental Ribereña
El expresidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio en Berazategui, Dante Morini, ya había manifestado su rechazo a la aprobación exprés de un proyecto de rezonificación que modificó el estatus de una fracción de la Reserva Ambiental Ribereña. La iniciativa eliminó la categorización de “Zona de Reserva Ambiental Ribereña (AC-B-ReAr)”, definida como un Área de Importancia y Valor Ambiental y Paisajístico de Relevancia Regional, para habilitar el desarrollo urbano con viviendas, locales comerciales y edificios de hasta diez plantas.
La medida fue convalidada igualmente por el oficialismo durante la sesión del 15 de agosto. A partir de entonces, el extenso predio delimitado por la Autopista Buenos Aires–La Plata, la avenida Florencio Varela (límite con Ezpeleta), el Río de la Plata y los límites de la Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales de AySA, pasó a denominarse “Distrito Eco Urbano Berazategui Norte”, habilitando la instalación de emprendimientos comerciales, desarrollos residenciales y construcciones de mediana altura.
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EL PROYECTO HABÍA SIDO PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE BERAZATEGUI
El Proyecto de creación del Distrito Eco-Urbano Berazategui Norte fue presentado por el Departamento Ejecutivo ante el Honorable Concejo Deliberante a instancias del entonces intendente de Berazategui, Juan José Mussi. La iniciativa proponía el desarrollo de un amplio sector delimitado por la autopista La Plata–Buenos Aires, la avenida Florencio Varela y el Río de la Plata, incorporando incluso áreas vinculadas al borde costero y zonas de bosques nativos.
El expediente fue aprobado en el 2024 con la mayoría automática del oficialismo, sin contar con estudios técnicos previos, sin la realización de audiencias públicas y sin instancias de participación vecinal. Entre sus objetivos, la ordenanza establecía la regulación del uso del suelo, la creación de áreas urbanas y complementarias —como el corredor ribereño y zonas de amortiguamiento del bosque nativo—, lo que generó cuestionamientos por el posible impacto ambiental y la falta de consenso social en torno al proyecto.
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