La Justicia bonaerense resolvió prohibir el ingreso de nuevas personas detenidas en la Comisaría 3ª de Berazategui, así como en las comisarías 6ª de Quilmes-Ezpeleta y 3ª de Florencio Varela, luego de hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, integrado por los jueces Fernando Celesia, Analía Reyes y María Cecilia Maffei, quienes además ordenaron el traslado inmediato de todas las mujeres alojadas en esas dependencias hacia unidades penitenciarias o alcaldías.
Asimismo, el fallo notificó a los organismos ministeriales y judiciales competentes para que adopten las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la resolución.
La presentación de la CPM se basó en inspecciones realizadas en distintas dependencias policiales de la provincia, donde se constató que continuaban alojándose personas en comisarías que ya se encontraban clausuradas.
De acuerdo con datos del Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense, la Comisaría 3ª de Berazategui tenía una clausura judicial vigente, mientras que la Comisaría 6ª de Quilmes-Ezpeleta registraba una clausura administrativa.
En tanto, la Comisaría 3ª de Florencio Varela, con capacidad para cuatro personas, alojaba siete detenidas al momento de la inspección, lo que representaba una sobrepoblación del 75 %.
Durante las inspecciones, la Comisión Provincial por la Memoria denunció condiciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran el hacinamiento, la falta de agua potable, la ausencia de calefacción y ventilación, escasa iluminación natural, sanitarios en malas condiciones y falta de elementos básicos de higiene.
El organismo también advirtió sobre la existencia de materiales inflamables sin medidas de seguridad adecuadas y un régimen de aislamiento prácticamente permanente, con restricciones para el contacto con familiares, allegados y la defensa técnica.
Además, la CPM señaló que la deficiente atención médica constituye una de las principales formas de malos tratos denunciadas por las personas privadas de su libertad.
Durante las entrevistas realizadas por la CPM, varias mujeres manifestaron haber sido sometidas a requisas vejatorias tanto al ingresar a las dependencias como durante procedimientos efectuados por efectivos policiales.
En su resolución, el Tribunal destacó la gravedad de los hechos denunciados y señaló que varias de las falencias expuestas por la Comisión fueron reconocidas por las propias autoridades policiales durante las audiencias judiciales.
Con esta decisión, la Justicia busca garantizar condiciones de alojamiento compatibles con los derechos humanos y poner fin a la permanencia de mujeres detenidas en dependencias policiales que ya habían sido cuestionadas por su estado edilicio y su capacidad operativa.
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y eldiariovarelense.com.
