BERAZATEGUI- La causa por la muerte de Nerea Pereira registró un giro judicial luego de que los tres acusados, Carlos Ezequiel Pereira, Mónica Villalba y Rocío Aldana Pereira, recuperaran la libertad durante la jornada del lunes. La decisión se produjo en medio de los cuestionamientos a las conclusiones de la primera autopsia y de las diferencias detectadas con un segundo examen forense.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la determinación de la causa de muerte de la joven. Mientras que el primer informe pericial atribuyó el fallecimiento a un shock hipovolémico asociado a una presunta rotura de la aorta torácica, la segunda autopsia indicó que esa lesión no había sido comprobada y concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica por ahorcadura.
De acuerdo con la información difundida sobre la causa, el primer examen forense describió lesiones torácicas graves, entre ellas una supuesta rotura de la pared anterior de la aorta, hemorragia interna y contusiones pulmonares. A partir de esos hallazgos, se estableció como causa de muerte un shock hipovolémico derivado de un traumatismo de alta energía.
Sin embargo, el segundo equipo forense sostuvo que no había observado las lesiones necesarias para confirmar esa explicación y determinó que el fallecimiento se produjo por un síndrome asfíctico secundario a una ahorcadura.
Estas diferencias adquirieron relevancia en el expediente, ya que involucran dos explicaciones médicas distintas sobre las circunstancias del fallecimiento y la valoración de las pruebas que sustentaron la hipótesis de homicidio.
Otro de los aspectos analizados se relaciona con la hipótesis de que Nerea habría sufrido agresiones reiteradas antes de su muerte.
Según lo informado, la segunda autopsia no habría constatado lesiones traumáticas recientes o antiguas ni cicatrices que permitieran respaldar ese patrón de violencia. También se hizo referencia a un estudio radiológico que, de acuerdo con la información difundida, no habría detectado signos de fracturas anteriores.
A estos elementos se sumarían declaraciones de integrantes de la Escuela Primaria N.º 27, quienes, según los testimonios mencionados, no habrían advertido lesiones visibles ni indicadores de violencia o situaciones de riesgo.
El segundo informe también describió un surco de ahorcadura y lesiones cervicales que fueron interpretadas como compatibles con una compresión producida en vida.
Las circunstancias en las que fue encontrada la víctima también forman parte de los puntos controvertidos de la investigación.
Según los testimonios citados, el efectivo policial que intervino inicialmente manifestó que la puerta del baño no parecía haber sido forzada. No obstante, posteriormente habría reconocido que no verificó el mecanismo de cierre y describió la puerta como precaria.
Este aspecto constituye otro de los elementos que deberán ser evaluados dentro de la reconstrucción de los hechos.
Durante la tarde del lunes, Carlos Ezequiel Pereira fue visto retirándose de la alcaldía local, luego de recuperar la libertad por decisión judicial. En el transcurso de la misma jornada también quedaron en libertad Mónica Villalba y Rocío Aldana Pereira.
La medida se habría producido en el contexto de los cuestionamientos periciales y de la relevancia atribuida a los resultados de la segunda autopsia.
La recuperación de la libertad de los tres acusados no implica, por sí sola, una declaración de inocencia ni el cierre de la causa. Para determinar el alcance de la resolución, resulta necesario conocer los fundamentos completos de la decisión judicial y el estado procesal de cada uno de los involucrados.
En paralelo, el juez de Garantías habría remitido a la Fiscalía General Departamental actuaciones para que se investigue penalmente a la perito Ludmila Belén Samudio, quien intervino en el primer examen forense.
El cuestionamiento estaría relacionado con la lesión descripta en la aorta torácica, a la altura de la sexta vértebra torácica (T6), que inicialmente fue considerada como una posible causa de muerte y que, según la información difundida, habría sido atribuida posteriormente a una maniobra realizada durante el procedimiento de autopsia.
La eventual responsabilidad de la profesional deberá ser determinada por la Justicia, a partir de las pruebas y de las actuaciones correspondientes. La remisión de las actuaciones para una investigación no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.
El caso Nerea Pereira vuelve a quedar en el centro de la atención judicial por las diferencias entre los informes forenses, las declaraciones incorporadas al expediente y las decisiones adoptadas respecto de los acusados.
Mientras la defensa cuestiona los fundamentos médicos de la hipótesis inicial, la investigación deberá establecer con precisión las circunstancias de la muerte y determinar si existen responsabilidades penales.
El alcance de la resolución que dispuso las liberaciones y el avance de la investigación contra la perito serán aspectos clave para conocer cómo continuará una causa marcada por las controversias periciales.
