Las actuaciones, a cargo de efectivos de la Policía Federal, se llevaban a cabo debido a que el magistrado "acreditó el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y detalló la forma en la que operan en el interior de los asentamientos, con un grado de organización tal que tornan sumamente complejas las investigaciones judiciales".

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo explicó que "estas estructuras criminales organizadas cuentan con procedimientos preestablecidos que tiene como fin evitar la intrusión de la Policía dentro de los asentamientos, y así dificultar las investigaciones judiciales".