Una fuente de ese organismo informó a Télam que la denuncia fue radicada contra la Jueza de Ejecución 1 de Quilmes, María Elena Márquez, por la presunta comisión del delito de intimidación pública.

La presentación, efectuada por la abogada Rocío Tristán, acusa a a magistrada de haber difundido en distintas entrevistas estadísticas falsas que causaron "conmoción en la comunidad", referidas a "supuestas liberaciones masivas de presos”.

Además de intimidación pública, sostuvo que la jueza incurrió en “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.

En la denuncia, la abogada acompañó copias de distintas entrevistas en las que la jueza hace referencia a la supuesta liberación masiva de personas privadas de libertad, tras el fallo del Tribuna de Casación que había habilitado las prisiones domiciliarias a detenidos en grupo de riesgo por la pandemia.

Según la presentación, la jueza aseguró en una nota que “se había liberado a 176 condenados por delitos contra la integridad sexual y que en un solo día se habían otorgado tantas prisiones domiciliarias como en un año”.