El músico Raúl Pagano, ex tecladista de Bersuit Vergarabat, Fito Páez y Fabiana Cantilo, falleció ayer por un cuadro de hipotermia en la ciudad balnearia de Pinamar, donde vivía en situación de calle.
Actualidad16 de julio de 2020 Ahora Online
Según informaron medios locales, Pagano fue encontrado inconsciente en un predio situado en Constitución y De las Totoras, en un día de temperaturas extremadamente bajas.
Fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, aunque los médicos de guardia no pudieron reanimarlo y finalmente falleció.
El artista participó de las primeras formaciones en los 90 de la banda que comandaba Gustavo Cordera, y tocó con grandes artistas del rock nacional.
Sin embargo, de acuerdo con su ex pareja y madre de sus dos hijos, de nombre Claudia, sufría problemas de adicciones que lo alejaron de los escenarios y terminó solo, en situación de calle.
“Llevaba la música en las venas, era muy inteligente y talentoso, pero cuando estaba en un estado de alcohol o de sustancias se tornaba peligroso estar cerca de él”, relató la mujer al medio local Pinamar Diario.
Claudia contó que conoció a Pagano hace más de dos décadas en la Ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo se fueron a vivir a Pinamar, donde se separaron en 2004.
“Cuando perdió su casa de Villa Crespo empezó a tocar fondo. No pudo sostener su vida musical”, añadió la mujer, en referencia a las dificultades personales que llevaron a Pagano a vivir en la calle.
En tanto, la Policía de Pinamar inició una investigación en el lugar en el que fue hallado el artista en pos de determinar las circunstancias de su fallecimiento.
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, negó la autenticidad de un presunto comunicado que anunciaba la compra de MOQSA por 85 millones de dólares y calificó la versión como una fake news difundida en medio de la crítica situación que atraviesa el transporte público.
Tras varios días de paro por sueldos adeudados, los choferes de MOQSA levantaron la retención de tareas luego de llegar a un acuerdo con la empresa. Las líneas afectadas comienzan a normalizar su servicio en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.
Un relevamiento del Colegio de Martilleros bonaerense reveló que en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela un trabajador debe destinar el 41% de su salario para alquilar una vivienda de dos dormitorios. La falta de créditos accesibles mantiene a la mayoría de las familias en el mercado de alquiler, donde los departamentos concentran más de la mitad de las operaciones inmobiliarias.
El servicio del Tren Roca entre Plaza Constitución y Bosques por vía Quilmes estará limitado hasta Berazategui este domingo por trabajos de renovación de vías entre Ranelagh y Sourigues, en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional.
La entidad informó que existe una cautelar vigente que prohíbe la comercialización de lotes y viviendas del emprendimiento Hudson Park. La medida alcanza a todos los martilleros y corredores públicos del Departamento Judicial Quilmes.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.