El pedido fue formulado por la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes María Julia Botasso, y recae sobre los tres jóvenes que están detenidos por el caso, dos que actualmente tienen 17 años y habían sido arrestados el año pasado, y un tercero de 18 que fue aprehendido el viernes último y ya cuenta con prisión preventiva.
La fiscal presentó su requerimiento de elevación a juicio ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Quilmes, a cargo de los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo, y la imputación para los acusados, que al momento de hecho tenían entre 16 y 17 años, es por "homicidio en ocasión de robo doblemente agravado".
"La causa tiene dos mil fojas y tuvo un trabajo que llevó nueve meses, con doce allanamientos y cantidades de pericias de parte de todo el equipo de la fiscalía. Ahora, con las pruebas que tenemos recolectadas, vamos a probar que los acusados son los que mataron a Romero", contó a Télam la fiscal Botasso.
"Se trata de una investigación compleja. No vamos a exponer nada porque se trata de una causa en la que están implicados menores de edad, pero todo está listo para que antes de fin de año se pueda tener una condena para los tres procesados", agregó la funcionaria judicial.
Por otra parte, Juan Carlos Romero, el padre de la víctima, dijo hoy a Télam que espera que “se haga justicia” por su hija y que “los asesinos que le quitaron la vida paguen en la cárcel y se pudran en donde están”.
“Espero que los jueces estén a la altura y hagan justicia por Micaela y por tantos policías que mueren por manos de delincuentes", agregó.
"A mi hija la mataron por un teléfono celular. Yo como padre voy a dar toda mi vida para que mi hija pueda descansar en paz. Le arrebataron la vida tan joven por la nada misma. Si hubiera pena de muerte en Argentina, seguro la pido para los responsables del crimen de mi hija", finalizó el padre de la joven policía, que fue asesinada a pocos meses de haberse recibido como miembro de la PFA.
Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de dos, tenía un año de antigüedad en la fuerza y se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada.
Su crimen fue cometido en plena pandemia por la Covid-19, cerca de las 7 de la mañana del domingo 16 de agosto del año pasado, que era el Día del Niño, cuando se encontraba vestida de civil y, junto a un amigo, fue a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en la calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, partido de Quilmes.
En esas circunstancias, varios delincuentes en motos los interceptaron con fines de robo y Romero se encontraba sin su arma reglamentaria.
Tras el hecho, los familiares contaron a la prensa que los delincuentes le sacaron las zapatillas y el celular al joven que acompaña a la víctima y cuando Micaela no quiso entregar su teléfono, la reconocieron como policía y le efectuaron un tiro en el pecho.
"Tirale que es cobani. Tirale que es cobani”, le dijo uno de los delincuentes a otro al momento de robo y al reconocer a Romero.
Los investigadores señalaron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax mientras que los delincuentes alcanzaron a sustraerle también a ella el celular para luego escapar.
Tras el ataque, la oficial de la PFA fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.
A un mes y medio del hecho, la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con María Constante, la madre de Romero, junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.
Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero, y expresó su “pesar y compromiso” por contribuir al esclarecimiento del caso.
