Excarcelan al jefe de la DDI Quilmes y deniegan el pedido de prisión domiciliaria de otro policía

El jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes, Luis Alberto Zaracho, detenido acusado de encubrir el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, en diciembre pasado en Florencio Varela, fue liberado en las últimas horas debido a que el delito que se le imputa es excarcelable, aunque seguirá ligado a la investigación, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Julián Busteros, quien además resolvió denegar un pedido de arresto domiciliario formulado por otro de los policías detenidos, el comisario Sergio Enrique Argañaraz, titular de la comisaría de Bosques, quien alegó sufrir diabetes crónica.

En este caso, explicaron los informantes, el magistrado no accedió al pedido debido a que la situación procesal es más compleja, porque él fue quien actuó como preventor en los primeros días de la investigación por la desaparición de los amigos, estuvo al frente de dos allanamientos de urgencia en dos comisarías que no fueron debidamente requisadas y entregó la vivienda al detenido Cristian Centurión cuando todavía no había concluido el procedimiento de requisa.

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Tras conocer la liberación de Zaracho, familiares de Escalante y Morello anunciaron que realizarán una manifestación en repudio en la puerta del Juzgado de Garantías de Florencio Varela el viernes próximo a las 11, bajo la consigna "queremos justicia ya".

En diálogo con Romina Escalante, hermana de Lucas, dijo estar disconforme con la medida judicial y expresó: "Lamentablemente el delito es excarcelable, pero seguirá procesado".

Por el homicidio de Morello (18) y la desaparición de Escalante están presos Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino, respectivamente, del comisario Francisco Centurión, exjefe de la Delegación Drogas ilícitas de Quilmes, cuyo último destino fue una dependencia de La Plata, donde hacía de enlace entre la policía bonaerense e Interpol.

Ambos están acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Morello.

También estuvo preso por "falso testimonio", pero ya recuperó su libertad, otro policía, Ramiro Yair Forchinito (33), quien desempeñaba tareas en un área integrada con Interpol y era la mano derecha del comisario Centurión.

Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW, que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición" y, según la autopsia, la muerte se produjo por "asfixia mecánica".

De acuerdo con la investigación, el último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en Bosques.

Días atrás, a pedido del fiscal, se realizó un allanamiento en esa casaquinta en la que fueron hallados rastros de sangre y restos de elementos quemados que, ahora, están siendo analizados.

Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

Una de las hipótesis que se investigó fue que los dos imputados detenidos por el caso le ofrecieron a las víctimas vales de nafta gratuitos como método para atraerlas, y a raíz de esa sospecha fueron incorporados una serie de audios que los incriminan.

Desde la aparición del cuerpo de Lautaro, los familiares de ambas víctimas realizan marchas en reclamo de Justicia y motivaron la remoción de la primera fiscal que tuvo el caso, Mariana Dongiovani.

En marzo último, el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero del joven.