
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, retoma las medidas de protesta ante la ausencia de una oferta salarial por parte del gobierno.
Actualidad22 de junio de 2024 AHORAONLINE
La conducción nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad ha decidido reanudar sus protestas debido a la falta de propuestas salariales satisfactorias de las autoridades gubernamentales. Según el anuncio del secretario general Omar Maturano, el próximo martes los trabajadores ferroviarios limitarán la velocidad de los trenes a un máximo de 30 kilómetros por hora en todo el territorio nacional durante 24 horas.
Maturano declaró en un comunicado que “la paciencia tiene un límite” y que el sindicato ha decidido aplicar esta medida ante la postergación de una huelga previamente anunciada para el 4 de junio, a solicitud del Gobierno. Sin embargo, tras cuatro reuniones paritarias consecutivas sin lograr un acuerdo, La Fraternidad ha decidido actuar.
“La voluntad negociadora del sindicato no fue efectiva, ya que el sector empresario tuvo más de 15 días para mejorar una propuesta salarial que reflejase los índices inflacionarios para mantener el poder adquisitivo alimentario, que está siendo licuado de manera sistemática desde enero de este año”, afirmó Maturano.
El líder sindical añadió que, al haberse agotado todas las instancias de diálogo, La Fraternidad retomará su plan de lucha gremial a partir del martes próximo. La medida implica que todos los trenes operarán con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, afectando el servicio ferroviario en todo el país.

El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, negó la autenticidad de un presunto comunicado que anunciaba la compra de MOQSA por 85 millones de dólares y calificó la versión como una fake news difundida en medio de la crítica situación que atraviesa el transporte público.

Tras varios días de paro por sueldos adeudados, los choferes de MOQSA levantaron la retención de tareas luego de llegar a un acuerdo con la empresa. Las líneas afectadas comienzan a normalizar su servicio en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Un relevamiento del Colegio de Martilleros bonaerense reveló que en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela un trabajador debe destinar el 41% de su salario para alquilar una vivienda de dos dormitorios. La falta de créditos accesibles mantiene a la mayoría de las familias en el mercado de alquiler, donde los departamentos concentran más de la mitad de las operaciones inmobiliarias.

El servicio del Tren Roca entre Plaza Constitución y Bosques por vía Quilmes estará limitado hasta Berazategui este domingo por trabajos de renovación de vías entre Ranelagh y Sourigues, en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.

El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.

La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.

Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.

Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.