El regreso de Matías Aguirre al Concejo Deliberante de Berazategui desató una nueva ola de cuestionamientos y polémica. El concejal y funcionario provincial, cercano al ministro Gabriel Katopodis, vuelve a ocupar su banca con el respaldo del oficialismo local, tras haber solicitado una licencia en medio del escándalo por la muerte de un trabajador de una cooperativa vinculada a su entorno.
Aguirre había quedado en el centro de las críticas luego del fallecimiento de Juan Gabriel Cáceres, un operario de 34 años que murió mientras realizaba tareas de limpieza en un arroyo ubicado en la intersección de Avenida Dardo Rocha y Avenida Sevilla, durante un fuerte temporal. Cáceres pertenecía a la cooperativa “Pacha Limpia”, la cual estaría directamente relacionada con Aguirre. Según denunciaron allegados y compañeros, el trabajador habría sido enviado a desempeñar tareas en condiciones climáticas extremas y sin los elementos básicos de seguridad.
El hecho generó un fuerte repudio en sectores políticos, sociales y sindicales, especialmente porque la Justicia local —ligada al oficialismo— avanzó de manera considerada “liviana” en la investigación del caso, sin profundizar en posibles responsabilidades jerárquicas ni en el marco contractual de las cooperativas involucradas.
Las críticas también se centraron en el entramado económico detrás de las cooperativas que Aguirre y su hermana habrían administrado, unas 40 en total, que firmaron convenios con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por cerca de 150 millones de pesos para la realización de tareas comunitarias y de limpieza de cauces en distintos municipios bonaerenses.
Pese a este contexto y sin que la causa judicial haya sido esclarecida, Aguirre comunicó oficialmente su regreso a las funciones legislativas. Mediante una nota enviada a la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Canestro, el presidente del bloque Justicialista, Omar Acosta, informó que el edil retomará su lugar en las comisiones de Relaciones Intercomunales y de Transporte y Tránsito.
El retorno de Aguirre, avalado políticamente por el intendente Juan José Mussi, es visto por amplios sectores de la oposición y por organizaciones sociales como un gesto de impunidad y protección política, que contrasta con la falta de justicia para la familia de Cáceres. Para muchos, su regreso representa no solo un retroceso ético, sino también una muestra de cómo el poder político local intenta cerrar en falso un episodio que dejó al descubierto graves irregularidades en la contratación y manejo de cooperativas con fondos públicos.
