Con el respaldo del oficialismo local, el concejal y funcionario provincial vuelve a su banca en el Concejo Deliberante de Berazategui, pese a estar envuelto en un escándalo por la muerte de un trabajador de una cooperativa vinculada a su entorno, en un caso que la Justicia investigó con llamativa liviandad.
La Cooperativa Pacha Limpia recibió casi 150 millones de pesos del Ministerio de Infraestructura bonaerense para tareas de saneamiento y limpieza de arroyos. Sin embargo, el trabajador Juan Gabriel Cáceres murió en condiciones de precarización extrema mientras realizaba estas labores. La falta de controles sobre los fondos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados ponen en evidencia la corrupción y la desidia que rodean este caso.
Familiares, allegados y amigos de Juan Gabriel Cáceres, el joven que falleció ahogado en el arroyo ubicado entre la avenida Dardo Rocha y Sevilla, están organizando una manifestación para exigir justicia. Los reclamos se centran en Matías Aguirre, concejal de Juan José Mussi.
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.