La muerte evitable de Juan Gabriel Cáceres ha puesto en el ojo de la tormenta a la Cooperativa Pacha Limpia y a su presidente, Matías Aguirre, concejal de Juan José Mussi en Berazategui y dirigente del Movimiento Evita. AhoraOnline accedió a documentos oficiales que confirman que dicha cooperativa recibió casi 150 millones de pesos a través de un convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Gabriel Katopodis.
Un millonario convenio para el mantenimiento de arroyos
En mayo de 2024, Pacha Limpia suscribió un contrato con la Provincia en el marco del “Programa para el Mantenimiento de Arroyos y Cauces Hídricos con Participación de Organizaciones Intermedias”. Según la cláusula 1° del acuerdo, la cooperativa debía llevar adelante tareas de saneamiento, limpieza y mantenimiento de cursos de agua. Entre las obligaciones establecidas figuraban:
-Desmalezado de taludes y márgenes superiores.
-Retiro de residuos de los cauces y sus márgenes, incluyendo autopartes, electrodomésticos y hasta cadáveres de animales.
-Eliminación de microbasurales.
-Reforestación en áreas necesarias.
Para la ejecución de estas tareas, el convenio estableció un desembolso de $149.618.859,09 y un plazo de vigencia de 12 meses a partir del 1° de mayo de 2024. Pese a la magnitud de los fondos asignados, el contrato dejó en claro que la responsabilidad de la contratación de personal recaía exclusivamente en los funcionarios intervinientes.
Un trabajador precarizado y una muerte que pudo evitarse
A pesar de la inmensa suma de dinero recibida por la cooperativa, la realidad de los trabajadores contratados para cumplir estas tareas dista mucho de lo estipulado en el convenio. Uno de ellos, Juan Gabriel Cáceres, pagó con su vida las condiciones de precarización laboral impuestas por Pacha Limpia. Con un salario de $78.000 mensuales, Cáceres trabajaba sin seguro de vida ni elementos de seguridad adecuados. Su muerte, lejos de ser un accidente fortuito, es el resultado de un sistema que, con recursos millonarios, no garantizó las condiciones mínimas de trabajo.
El fallecimiento de Cáceres deja en evidencia las contradicciones del discurso oficialista que se jacta de impulsar la economía social y fortalecer el empleo cooperativo. ¿Dónde fueron a parar los casi 150 millones de pesos destinados al saneamiento de los arroyos? ¿Cómo es posible que, con semejante presupuesto, los trabajadores carezcan de los elementos básicos de seguridad?
Responsabilidades políticas y la impunidad de siempre
Matías Aguirre no es un simple referente social; es un funcionario provincial y concejal del mussismo en Berazategui. Su doble rol lo convierte en una pieza clave dentro del entramado político que maneja cajas para la política. Sin embargo, su responsabilidad en la muerte de Juan Gabriel Cáceres aún no ha sido asumida por las autoridades.
Por su parte, Gabriel Katopodis, el ministro que aprobó el convenio y destinó los recursos, tampoco ha dado explicaciones sobre el control y seguimiento de los fondos. ¿Se verificó el cumplimiento de las condiciones laborales? ¿Hubo auditorías sobre el destino del dinero?
Mientras tanto, una familia llora la pérdida de un padre de cuatro hijos, víctima de un sistema que lucra con la vulnerabilidad de los trabajadores y que, en este caso, lo condenó a una muerte evitable.
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