Un nuevo incremento en las tarifas de peaje dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires generó un fuerte malestar entre los usuarios viales. La suba, que oscila entre el 7 y el 10 por ciento, comenzará a regir a partir del 3 de enero de 2026 y alcanza a la Autopista Buenos Aires–La Plata y al Sistema Vial Integrado del Atlántico, que comprende las rutas 2, 11 y caminos conexos.
Desde distintos sectores se cuestiona la medida por considerarla ilegal, abusiva e injustificada, en un contexto de profunda crisis económica que afecta tanto a usuarios particulares como al transporte de cargas. Según se advirtió, el aumento impacta de manera directa en los costos logísticos y, en consecuencia, en los precios finales de bienes y servicios.
De acuerdo con estimaciones difundidas, un automóvil que circula entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata en horario pico, ida y vuelta durante 25 días al mes, deberá afrontar un gasto anual cercano a los 3.240.000 pesos solo en concepto de peaje. En el caso de un camión de más de seis ejes que realiza 20 viajes mensuales en el mismo tramo, el costo anual asciende a aproximadamente 15.360.000 pesos. Para quienes viajan entre CABA y Mar del Plata, los montos se elevan aún más: un automóvil alcanzaría los 9.270.000 pesos anuales, mientras que un camión superaría los 48.860.000 pesos.
Las críticas apuntan principalmente a la empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), a la que acusan de beneficiarse de una mayor recaudación sin que ello se traduzca en mejoras sustanciales en la infraestructura vial. Según los cuestionamientos, el sistema de cobro funciona como un “falso peaje” o impuesto al tránsito, transformando las estaciones en una fuente de recaudación con fuerte carga burocrática y política.
Asimismo, se remarcó que las concesiones viales tienen carácter de servicio público, pero carecen de un marco regulatorio y de un ente de control independiente que garantice la participación de los usuarios. Esta situación, señalan, se mantiene desde hace años sin que haya habido respuestas por parte de los distintos gobiernos provinciales, la Legislatura bonaerense ni la Defensoría del Pueblo, pese a los reiterados reclamos del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
Finalmente, los usuarios advierten que el régimen actual sería inconstitucional debido a la ausencia de caminos alternativos libres de pago y a la existencia de una doble imposición. También cuestionan la equidad del sistema, al tratarse de un esquema abierto en el que algunos pagan y otros no según el tramo recorrido, mientras gran parte de lo recaudado se destina a los costos operativos de la concesionaria y no a la mejora efectiva de los caminos.
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