Un grave episodio de violencia y amedrentamiento fue denunciado por trabajadores feriantes y miembros de una cooperativa habilitada, quienes señalaron que integrantes de una facción de la barra brava de Quilmes avanzaron de manera violenta sobre distintos espacios vinculados a la actividad ferial y comercial informal y organizada.
Según la denuncia, el conflicto se inició con la toma del bufet del estadio de Quilmes y de los estacionamientos, para luego extenderse a intentos de intimidación contra feriantes de Tinkunaku y de la feria El Paseo, acciones que no prosperaron al tratarse de predios privados.
De acuerdo al relato de los damnificados, los mismos grupos —identificados como integrantes de la feria ilegal de la intersección de las avenidas Centenario y Florencio Varela— se presentaron posteriormente en la feria ubicada en avenida La Plata y avenida Francia, donde se produjo el episodio de mayor violencia.
Los denunciantes señalaron como referente del grupo a Lorenzo “Toto” González, a quien vinculan tanto con la organización de la feria ilegal mencionada como con una delegación sindical, además de la participación de empleados de servicios públicos municipales, entre ellos un trabajador identificado como Marcelo Avilés. Siempre según esta versión, el grupo habría actuado portando armas.
Los hechos ocurrieron frente a ocho móviles policiales y a metros de una garita del destacamento, donde se registraron agresiones físicas contra miembros de la “Cooperativa de Feriantes y Emprendedores Unidos”, entidad que cuenta con homologación bajo una federación provincial.
Como consecuencia de los ataques, al menos cinco personas, entre feriantes y cooperativistas, debieron ser asistidas en distintos centros de salud. Además, denunciaron que no se permitió el ingreso del SAME al lugar durante los momentos más críticos del conflicto.
Durante los incidentes, también resultó herido de gravedad un efectivo policial, quien, según se indicó, no participaba del operativo pero intentó intervenir para resguardar la integridad de los civiles.
Tras los hechos, los denunciantes afirmaron que el grupo violento se apropió del espacio, desplazando a trabajadores con años de antigüedad y familias a cargo, y que comenzó a repartir lugares de la vía pública sin ningún tipo de respaldo legal, acompañando estas acciones con amenazas personales y actos de intimidación.
Desde la cooperativa afectada remarcaron que, a diferencia de quienes se adjudican el control del lugar, la organización se encuentra en proceso de regularización, avanzando en habilitaciones y licencias para desarrollar su actividad de manera legal, organizada y transparente.
Finalmente, los feriantes exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales, provinciales y judiciales, para esclarecer lo ocurrido, garantizar la seguridad de los trabajadores y poner fin a prácticas violentas que, advierten, ponen en riesgo la convivencia social y el derecho al trabajo.
