Una medida cautelar de la Justicia Federal obligó al Gobierno nacional a continuar con el pago del programa “Volver al Trabajo”, en medio de un fuerte conflicto con organizaciones sociales que denuncian su intento de eliminación. El fallo, impulsado a partir de un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular, establece que el Ministerio de Capital Humano debe sostener las prestaciones hasta que haya una sentencia definitiva.
La resolución judicial se da en el marco del plan de lucha que encabeza la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que se mantiene en estado de alerta y movilización ante posibles incumplimientos. Si bien el Gobierno apeló la medida, la cautelar continúa vigente y no tiene efecto suspensivo.
El programa —antes conocido como Potenciar Trabajo— representa en muchos casos el único ingreso para miles de trabajadores informales. Su eventual eliminación encendió alarmas por el impacto social y económico que podría generar, especialmente en distritos como Berazategui.
Según datos de las organizaciones, en el distrito 15.244 personas dependen de este ingreso. La interrupción del programa implicaría que dejen de circular más de $1.189 millones mensuales en la economía local, recursos que actualmente se destinan al consumo en comercios de cercanía. En términos anuales, la cifra supera los $14.268 millones.
Además del impacto económico, advierten sobre posibles consecuencias sociales: el debilitamiento de comedores comunitarios, cooperativas de trabajo y espacios de cuidado que sostienen la vida cotidiana en los barrios populares.
Desde la UTEP también cuestionan el argumento fiscal del recorte, al señalar que representa apenas el 0,1% del PBI. En paralelo, remarcan que el monto del programa —congelado en $78.000 desde noviembre de 2023— ya sufrió una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
En el plano local, el tema llegó al Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, donde concejales del bloque Unión por la Patria presentaron un repudio a la eliminación del programa.
A la par, las organizaciones advierten sobre otras iniciativas del Gobierno vinculadas al acceso a la tierra y la vivienda, que podrían afectar a barrios populares registrados. En ese contexto, sostienen que la discusión excede lo económico y se instala como un eje central del conflicto social.
“Sin salario no hay trabajo. Sin trabajo no hay paz social”, sintetizaron desde el MTE-UTEP Berazategui.
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