El intendente de Berazategui, Carlos Balor, presentó un petitorio ante el bloque de concejales de La Libertad Avanza del Honorable Concejo Deliberante local para que intercedan ante el Gobierno nacional con el fin de restituir programas y prestaciones que, según denunció, fueron recortados o suspendidos desde 2024.
En el documento, el jefe comunal expuso el impacto que estos recortes tendrían en áreas sensibles como salud, asistencia social y acompañamiento a adultos mayores, personas con discapacidad e instituciones intermedias. Entre los puntos señalados, mencionó demoras en prestaciones médicas para afiliados de PAMI, una caída superior al 60% en autorizaciones de estudios y cirugías, además de una reducción del 85% en la entrega de medicamentos del Programa Remediar.
También advirtió sobre faltantes de preservativos, anticonceptivos, penicilina y demoras en la distribución de vacunas del calendario nacional. Según sostuvo el Municipio, muchas de estas demandas debieron ser absorbidas con fondos propios para evitar que los vecinos queden desprotegidos.
Sin embargo, el reclamo del intendente deja al descubierto una contradicción política difícil de ignorar.
Mientras Balor alza la voz contra el Gobierno nacional por el ajuste en programas sociales y sanitarios, guarda un llamativo silencio frente a decisiones del Gobierno provincial que también impactan de lleno en la calidad de vida de miles de bonaerenses.
Uno de los casos más preocupantes es la situación del Hospital Evita Pueblo, donde desde hace meses vecinos y trabajadores denuncian falta de insumos, demoras en turnos, déficit de atención y carencias estructurales. A pesar de tratarse de un hospital clave para la región y de depender de la administración provincial, no se observa el mismo nivel de exigencia política hacia Axel Kicillof.
La contradicción se profundiza aún más con una decisión reciente del gobierno bonaerense: mediante la resolución 842/2026, la Provincia suspendió el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), eliminando la entrega mensual de cajas de alimentos a cerca de 2 millones de alumnos y sus familias.
La medida representa un golpe directo para miles de hogares que dependen de esa asistencia para complementar la alimentación diaria en medio de una crisis económica persistente.
Aunque desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, buscaron justificar el recorte responsabilizando al Gobierno nacional, lo concreto es que la Provincia resolvió desactivar una herramienta esencial de contención alimentaria.
El argumento oficial sostiene que el refuerzo del 30% en las partidas del Servicio Alimentario Escolar compensará la suspensión. Sin embargo, la realidad parece ir en otra dirección.
El módulo MESA no solo alimentaba al alumno dentro del ámbito escolar; también representaba un respaldo para todo el núcleo familiar. Leche, aceite, legumbres y otros productos básicos llegaban a hogares donde cada recurso cuenta. Su eliminación deja un vacío que difícilmente pueda cubrirse únicamente con el comedor escolar.
Además, persisten problemas estructurales en muchas escuelas bonaerenses: infraestructura deficiente, comedores saturados y recursos limitados para absorber una mayor demanda.
El trasfondo político de esta situación resulta evidente. Cuando el ajuste proviene de Nación, abundan los comunicados, los petitorios y los discursos encendidos. Cuando las decisiones emanan de la Provincia, el silencio predomina.
La necesidad de la gente no puede convertirse en una herramienta de confrontación partidaria.
No se puede reclamar con firmeza a un sector del Estado mientras se omite cuestionar al otro por medidas igualmente perjudiciales. La coherencia en la defensa de los vecinos exige la misma contundencia frente a cualquier ajuste, sin importar el color político de quien lo impulse.
Porque la doble moral en política termina teniendo siempre las mismas víctimas: los vecinos, los jubilados, los pacientes y, sobre todo, los chicos que hoy ven cómo la asistencia alimentaria también se convierte en una variable de disputa.
