Familiares, amigos y excompañeros de trabajo del exoficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires José Antonio Cácere volvieron a reclamar públicamente una revisión de la condena a prisión perpetua que mantiene al expolicía privado de su libertad desde hace más de siete años.
Cácere fue condenado por la muerte de Ariel Canizzo, ocurrida el 22 de octubre de 2011, durante un procedimiento policial en el que intervino personal de la Comisaría Berisso 3.ª.
La defensa sostiene que existen elementos incorporados al expediente que, según su interpretación, no acreditarían que Canizzo haya muerto como consecuencia de una agresión física, y cuestiona particularmente la valoración que se realizó de las distintas pericias durante el proceso judicial.
Uno de los principales argumentos planteados se relaciona con la autopsia oficial, realizada por profesionales de la Asesoría Pericial Departamental La Plata.
Según la defensa, ese estudio no habría constatado golpes ni lesiones traumáticas y estableció como causa de muerte un edema agudo de pulmón derivado de una cardiopatía preexistente, agravada —según el informe citado— por el consumo de cocaína y diazepam.
A este elemento se suma, siempre de acuerdo con la presentación de la defensa, el legajo fotográfico confeccionado al momento del ingreso de Canizzo a la Comisaría Berisso 4.ª, donde no se observarían lesiones visibles.
También fueron mencionados los testimonios de efectivos de esa dependencia, quienes declararon que recibieron al detenido sin advertir signos de violencia.
Otro de los elementos señalados por la defensa es la declaración del médico policial que examinó a Canizzo, quien tampoco habría constatado lesiones.
Asimismo, durante el juicio declaró Helguera, quien compartió celda con Canizzo. Según el relato presentado por la defensa, aseguró que no lo vio lesionado y que el detenido hablaba, cantaba y comía con normalidad, además de señalar que nunca solicitó atención médica.
El propio Canizzo tampoco habría manifestado haber sido golpeado, según surge de los elementos que la defensa destaca en su pedido de revisión.
Pese a estos elementos, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata condenó a Cácere a prisión perpetua.
La defensa cuestiona especialmente el valor otorgado durante el juicio a una pericia de parte elaborada por Omar Alejandro Ledesma, quien —según sostiene— no examinó personalmente el cuerpo y elaboró su informe a partir de una fotografía.
De acuerdo con el planteo defensivo, aquel informe utilizó términos hipotéticos como “podría tratarse”, “posiblemente” o “compatible con”, sin establecer conclusiones médicas categóricas.
La sentencia, además, contó con la disidencia de la jueza Silvia Hoerr, quien sostuvo que las pruebas reunidas no alcanzaban para dictar una condena.
Posteriormente, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena.
Según el planteo de la defensa, ese tribunal reconoció que no se encontraba acreditada una golpiza, aunque mantuvo la sentencia contra Cácere. Este punto constituye uno de los principales cuestionamientos que actualmente plantea la defensa.
La causa llegó posteriormente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tramita bajo el expediente CSJ 001980/2023-00 – Secretaría N.º 3, con la representación del abogado Fabián Améndola, del Estudio Jurídico Fernando Burlando.
En respaldo del pedido de revisión fueron presentados tres amicus curiae por parte de organizaciones que, según la familia, consideran que el expediente merece un análisis integral:
Las presentaciones plantean cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba, las garantías del debido proceso y el derecho a una revisión judicial plena.
La familia de Cácere sostiene que el caso trascendió el ámbito personal y reclama que la Corte Suprema analice nuevamente la totalidad de los elementos incorporados al expediente.
“Nos arrebataron un padre, un esposo y un trabajador ejemplar. Nuestros hijos crecieron viendo pasar la vida de su papá detrás de una reja. Solo pedimos que la Corte Suprema lea la causa completa y valore todas las pruebas con objetividad”.
En ese sentido, familiares y allegados renovaron el pedido de revisión y convocaron a difundir el caso.
“No pedimos privilegios. No pedimos impunidad. Pedimos que se lea la causa y que la Justicia analice todas las pruebas antes de decidir el futuro de una persona”.
La resolución definitiva sobre el planteo deberá surgir del trámite que actualmente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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