Hudson Park, a paso del juicio oral: la Fiscalía pidió elevar la causa con 21 imputados por presuntas estafas

La causa por las presuntas estafas inmobiliarias vinculadas al desarrollo Hudson Park ingresó en una instancia judicial decisiva. El fiscal de la UFI N°2 de Berazategui, Christian Granados, presentó el viernes 14 de agosto el requerimiento para elevar el expediente a juicio oral.

En la investigación aparecen 21 personas imputadas por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, en el marco de un expediente que busca determinar responsabilidades por la presunta comercialización fraudulenta de terrenos.

El pedido de la Fiscalía deberá ser analizado ahora por el titular del Juzgado de Garantías N°7 de Berazategui, Gustavo Alejandro Mora, quien tendrá que resolver si existen elementos suficientes para que la causa abandone definitivamente la etapa de investigación y avance hacia el debate oral.

La sospecha: lotes que habrían sido vendidos más de una vez

La investigación intenta reconstruir un presunto entramado de operaciones irregulares alrededor de la comercialización de terrenos correspondientes a Hudson Park.

Según la hipótesis sostenida en la causa, diferentes compradores habrían pagado importantes sumas de dinero por lotes que posteriormente aparecieron involucrados en nuevas operaciones.

La acusación sostiene que algunos terrenos habrían llegado a comercializarse hasta tres veces, generando así múltiples damnificados sobre una misma parcela.

Las operaciones investigadas habrían rondado entre los 25.000 y 30.000 dólares por lote, lo que da una dimensión económica de las maniobras que intenta esclarecer la Justicia.

Por la cantidad de personas involucradas, el número de presuntos damnificados y el volumen económico bajo investigación, Hudson Park terminó convirtiéndose en uno de los casos de presuntas estafas inmobiliarias con mayor repercusión de la región.

Los nombres bajo investigación

Entre los principales investigados aparece el desarrollador Carlos Molinari. También fue señalado en la investigación Marcelo Suárez, quien falleció, mientras que la mediática Liz Fassi Lavalle quedó vinculada al expediente.

El requerimiento fiscal comprende a 21 imputados: Carlos Molinari, María Lucrecia Silva, Elizabeth Mazzini, María Florencia Mari, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío G. Miquel, Luis Ayar Ach, Juan Carlos Ach, Adriana Nilda Bonetto, Esteban Villar, Andrea Claudia Perdomo, Augusto Turjanski, Luis Alberto Noguera, Danilla Vagge, Augusto Trotta, Andrea Norma Molina, Hernán Aníbal Martín Shaerer, Alejandra Deborah Gisela Shaerer, Evangelina de los Ángeles Barbarino y Florencia Elizabeth Figlioli.

Todos ellos llegan a esta instancia en carácter de imputados y amparados por el principio de inocencia, ya que todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades penales.

Una decisión clave queda ahora en manos del juez

Con el requerimiento presentado por Granados, la Fiscalía considera agotada la etapa investigativa y entiende que reunió elementos suficientes para sostener su acusación en un eventual debate oral.

La última palabra sobre el avance inmediato del expediente la tendrá ahora el juez Gustavo Mora.

El magistrado deberá analizar las pruebas reunidas, los planteos de las partes y los fundamentos presentados por el Ministerio Público Fiscal antes de determinar si corresponde elevar la causa a juicio.

Si el juez hace lugar al requerimiento, comenzará una nueva etapa judicial en la que la acusación y las defensas deberán discutir las pruebas ante el tribunal que resulte designado.

¿Qué significa que una causa sea elevada a juicio?

La elevación a juicio no equivale a una condena.

El requerimiento significa que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para cerrar la investigación preparatoria y llevar la acusación a un juicio oral.

Tampoco significa que los hechos investigados hayan quedado definitivamente probados.

Será durante el eventual debate donde se analizarán las pruebas, se escucharán los argumentos de las defensas y de la acusación y, finalmente, se determinará mediante una sentencia si existieron los delitos investigados y cuál fue, en su caso, la responsabilidad penal de cada acusado.

Después de años de denuncias e investigación, la causa Hudson Park queda así ante una de sus instancias más importantes: definir si las presuntas estafas inmobiliarias finalmente llegarán a juicio oral.

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