La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof.
La medida judicial frenó temporalmente en territorio bonaerense la aplicación de la reforma que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, mientras se analiza si existen las condiciones necesarias para implementar el nuevo sistema.
Desde el oficialismo nacional salieron rápidamente a cuestionar la decisión. Diego Santilli, Patricia Bullrich y Luis Petri apuntaron contra el gobernador bonaerense y cuestionaron con dureza a la Justicia provincial.
Bullrich responsabilizó políticamente a Kicillof y vinculó la decisión judicial con la situación de inseguridad en territorio bonaerense.
“En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó.
También cuestionó lo que definió como una Justicia provincial “garantista” y sostuvo que la situación termina perjudicando a las víctimas.
Santilli, por su parte, cuestionó la falta de un pronunciamiento inmediato del Gobernador.
“Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil”, expresó.
Y agregó: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
Luis Petri también rechazó la resolución y cuestionó directamente a la magistrada que intervino.
“El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, sostuvo.
Petri defendió la reforma aprobada por el Congreso y aseguró que fue sancionada para terminar con la impunidad frente a determinados delitos cometidos por menores.
“Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. Hagan cumplir la ley”, reclamó.
La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.
La magistrada ordenó analizar si la Provincia dispone de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a adolescentes de 14 y 15 años alcanzados por el nuevo régimen, bajo los estándares correspondientes de protección de los derechos de niños y adolescentes.
La jueza advirtió además que la implementación de la reforma podría incrementar tanto la cantidad de menores detenidos como su permanencia en los establecimientos.
En ese contexto, Pascual convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán informar cuáles son las medidas adoptadas para implementar el nuevo régimen y explicar las condiciones existentes para recibir a los adolescentes alcanzados por la reforma.
Mientras se desarrolla ese proceso, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil permanecerá suspendida en la provincia de Buenos Aires.
La decisión judicial trasladó así la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad nuevamente al centro de la pelea política entre Nación y Provincia, con la seguridad, los derechos de los menores y la situación de las víctimas como ejes de una controversia que promete continuar.
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