Diputados bonaerenses pertenecientes a distintos bloques políticos expresaron este jueves su rechazo a la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo judicial que impedía la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La decisión del máximo tribunal volvió a colocar en el centro del debate político los límites a la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La Ley 26.737 establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y restricciones adicionales sobre la cantidad que podía concentrar un mismo titular.
El proyecto de declaración presentado en la Legislatura bonaerense manifiesta preocupación por la eliminación de esos límites y mecanismos de control, con especial atención sobre territorios relacionados con recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas consideradas de particular relevancia territorial.
La iniciativa reunió las firmas de legisladores provenientes de diferentes espacios.
Por Nuevos Aires, aparecen Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano.
También acompañan legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Facundo Tignanelli, Lucía Iañez, Mariano Cascallares, Juan Martín Malpeli, Rubén Eslaiman, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro y Viviana Guzzo, entre otros.
A ellos se sumaron Martín Rozas, de Unión y Libertad; Andrés De Leo y Romina Braga, de la Coalición Cívica; y Alejandra Lordén, de la UCR.
El fallo tiene una particularidad jurídica importante.
La Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 ni resolvió el debate de fondo sobre la validez de la derogación de la Ley de Tierras.
El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado la acción, no tenía legitimación para promoverla y que no se encontraba configurado un caso o controversia judicial que permitiera resolver el planteo en esos términos.
Al revocarse la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, quedó nuevamente operativa la derogación de la Ley 26.737 establecida por el DNU 70/2023.
El pronunciamiento abrió así un nuevo capítulo político alrededor de la propiedad de las tierras rurales y los límites a su adquisición por capitales extranjeros, debate que ahora también tuvo repercusión en la Cámara de Diputados bonaerense.
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