"Resultan inaceptables los argumentos", contradijo la resolución del máximo tribunal. Y señaló además que “el ingreso a una prisión no despoja a las personas de la protección de las leyes". Los jueces se basan en los tratados internacionales, artículos constitucionales y leyes laborales y de protección de la infancia y la mujer, para avalar el reclamo presentado por internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31 de Ezeiza.
"La forma en la que la Corte contestó trasciende el alcance de este caso y es un respaldo fundamental sobre si las personas privadas de su libertad son sujeto de derecho a la seguridad social", dijeron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación. Con esta resolución de la Corte Suprema, el beneficio se podrá extender a los penales federales de Salta y La Pampa, donde hay mujeres en la misma situación de reclamo.
ORIGEN
La demanda se originó con un hábeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de Nación y la Defensoría General en defensa de las mujeres madres detenidas o embarazadas de la Unidad 31. El hábeas corpus reclama por tres tipos de asignaciones: la Asignación Única por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación familiar para aquellas que realizaban trabajo intramuros.
RECLAMO
El organismo previsional también consideró que el camino del hábeas corpus no era adecuado, entre otras cosas, por no registrarse un agravamiento en las condiciones de detención y llegó a sostener que se ponía en crisis el Sistema Previsional. Sin embargo, los abogados de la Procuración Penitenciaria habían presentado los artículos del presupuesto nacional 2012, 2013 y 2014, que contemplaban partidas para las asignaciones de las trabajadoras detenidas.
