Los jueces del Tribunal Oral Federal 3 Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Canero convocaron para el miércoles 23, a partir de las 9.30, a la última audiencia virtual de este proceso oral y público, en la cual se escucharán las últimas palabras de Telleldín y luego se emitirá un veredicto.
Los jueces evaluarán tres pedidos diferentes: el del fiscal Roberto Salum y la querella de Familiares de Victimas, que pidieron perpetua; la de AMIA-DAIA, que solicitaron 20 años de cárcel con detención inmediata; y la formulada por la defensora oficial del acusado, Verónica Carzoglio, quien reclamó la absolución y la nulidad de la causa.
Telleldín, a punto de cumplir 60 años, ya fue juzgado como presunto partícipe necesario del atentado a raíz de haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba el 18 de julio de 1994 para volar la mutual judía que funcionaba en Pasteur 633, del barrio porteño de Once, de acuerdo a lo concluido en la investigación judicial.
El ataque terrorista causó 85 muertos y centenares de heridos, y hasta el momento, Telleldín es el único acusado como partícipe.
En tanto que un grupo de ciudadanos iraníes tienen pedidos de capturas internacionales como presuntos autores ideólogos de la masacre.
El primer juicio a cargo del mismo Tribunal pero con otros jueces que ya no ejercen, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, terminó en 2004 con la absolución y liberación de Telleldín y cinco expolicías bonaerenses que habían sido procesados y detenidos como parte de una "conexión local".
En ese momento, el Tribunal anuló toda la investigación que llevó adelante el destituido exjuez federal porteño Juan José Galeano, por entender que se cometieron ilícitos que la invalidaron.
Entre esas irregularidades se encontraba el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín para involucrar a los policías, sobre quienes dijo haberles entregado la Trafic el 10 de julio de 1994, ocho días antes de la voladura.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó parcialmente este veredicto en 2009 y determinó la validez de todo lo hecho hasta la apertura de la llamada "Causa Brigadas" contra policías bonaerenses, posterior al cobro ilegal de Telleldín.
Tras ese fallo, el nuevo juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, retomó la investigación y envió al exreducidor de autos a otro juicio oral, tras declarar delito de lesa humanidad imprescriptible al atentado.
El debate se inició el 18 de mayo de 2019, quedó interrumpido por la pandemia de coronavirus en marzo pasado y se reanudó por videoconferencia en junio.
Telleldín está en libertad tras ser liberado en 2004, al término del primer juicio y luego de pasar detenido una década, durante la cual se recibió de abogado en la cárcel, profesión que ejerce en la actualidad.
En sus alegatos finales, la fiscalía pidió prisión perpetua por entender que vendió la camioneta Trafic que había doblado a sabiendas de que estaba destinada a cometer un delito "grave" y eso "no le importó".
Por su parte, la agrupación Familiares de Víctimas también pidió perpetua y sostuvo que el acusado supo que la camioneta iba a usarse en el atentado a la AMIA, la proveyó, "acondicionó" y actuó "por odio racial".
La segunda querella, de DAIA y AMIA -instituciones de la comunidad judía que funcionaban en el edificio destruido- reclamó 20 años de prisión porque interpretó que Telleldín fue partícipe necesario pero no supo que la camioneta iba a usarse para el atentado.
La defensora oficial Verónica Carzoglio reclamó que sea absuelto, sostuvo que vive una "injusticia" desde hace 25 años y que no se probó que la AMIA haya sido volada por un cochebomba.
Según la acusación, la camioneta Trafic, con una carga de entre 300 y 400 kilos de explosivos, fue dejada en una playa de estacionamiento cercana a la mutual hasta que la mañana del 18 de julio de 1994 se perpetró el ataque.
Telleldín ya tiene una condena en su contra dictada en otro juicio oral, en marzo de 2019, a tres años y seis meses de prisión por los delitos cometidos durante la investigación del ataque terrorista.
Si ese fallo queda firme, tendrá que cumplir esa pena y devolver al Estado Nacional los 400 mil dólares que cobró de manera ilegal tras su pacto con Galeano, el primer juez del caso AMIA que fue destituido por su actuación en la causa.
