En un operativo conjunto, agentes de la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina clausuraron un geriátrico clandestino en Quilmes, rescatando a 25 ancianos que vivían en condiciones de hacinamiento y sufrían explotación laboral. La intervención se llevó a cabo bajo estrictas normas dispuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, con la Secretaría Penal N° 3 dirigida por el Dr. Maximiliano Iturburu. La denuncia sugería que un establecimiento en la calle Gualeguay al 5400, en Ezpeleta, estaba operando como un asilo de ancianos sin autorización y que allí podrían estar ocurriendo delitos de trata de personas y explotación laboral.
Los efectivos federales realizaron amplias tareas de campo y confirmaron que en dicho domicilio funcionaba una residencia clandestina para adultos mayores. Este lugar, camuflado en una zona rural y disimulado por abundante vegetación, ya había sido clausurado el año pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero continuaba operando en pésimas condiciones.
El Juzgado Federal ordenó un allanamiento inmediato del lugar, con el objetivo de obtener pruebas. El operativo contó con la colaboración de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Salud y la Agencia de Fiscalización y Control Comunal del Municipio de Quilmes, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Durante el allanamiento, se identificó y notificó de la causa a la encargada del establecimiento y a su cocinera, quienes eran las únicas personas responsables de la atención de los 25 ancianos. Las instalaciones no cumplían con las medidas mínimas de seguridad e higiene, y no había suficiente comida para los residentes. Los ancianos, muchos de ellos con problemas cognitivos y de movilidad, se encontraban en condiciones deplorables y sin el aseo personal adecuado.
El equipo interdisciplinario presente verificó el estado de salud física y mental de los ancianos, constatando que no había signos de violencia, aunque las condiciones de vida eran inaceptables. El Magistrado dispuso el traslado de los ancianos a residencias geriátricas del PAMI, la Intendencia de Quilmes, o el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dependiendo de la disponibilidad.
Finalmente, se ordenó la Clausura Judicial y Administrativa del lugar y el secuestro de las 25 copias de las historias clínicas de los damnificados, asegurando así el cierre definitivo de este geriátrico clandestino y la protección de los adultos mayores involucrados.
