M.S.BONFIGLI
Vecinos y familias trabajadoras de Quilmes denunciaron una situación de extrema gravedad vinculada a presuntos hechos de violencia institucional, corrupción policial y judicial, y desalojos ilegales que se arrastran desde hace más de una década y que, según relatan, se reactivaron con fuerza en las últimas semanas.
De acuerdo con los testimonios, el conflicto se remonta al año 2011, cuando varias familias aseguran haber sido estafadas por la Cooperativa de Vivienda Lomas de Quilmes, que —según denuncian— estaba integrada por comisarios y efectivos de la Policía Bonaerense con asiento en el distrito, y habría contado con protección política durante la gestión del entonces intendente Francisco “Barba” Gutiérrez.
Siempre según la denuncia, el mecanismo consistía en la venta de departamentos a familias trabajadoras que, tiempo después, eran recuperados mediante desalojos ilegales y documentación apócrifa, ejecutados por la misma fuerza policial. En ese contexto, los denunciantes aseguran que existió la participación de una inmobiliaria reconocida de la zona y una red de encubrimiento que impidió el avance de las presentaciones judiciales.
Los hechos relatados incluyen episodios de extrema violencia: policías apuntando con armas largas a niños, golpizas a civiles, amenazas directas y denuncias penales que nunca prosperaron y quedaron archivadas sin investigación efectiva.
En 2025, la situación habría vuelto a repetirse. Las mismas personas señaladas en los hechos originales regresaron —según indican los vecinos— con una orden de desalojo presuntamente falsa, que habría sido presentada como firmada por un juez también comprometido en la maniobra. Durante ese operativo, una vecina con una criatura habría sido víctima de un intento de desalojo violento; varias personas resultaron golpeadas, algunas fueron arrojadas por una escalera y se impidió el ingreso a su vivienda de un niño de seis años.
Los damnificados sostienen que no pueden recurrir a la policía local debido a que la propia fuerza distrital estaría involucrada en los hechos. Además, denuncian una preocupante connivencia judicial, con desalojos irregulares que —según afirman— tendrían como finalidad entregar las viviendas a familiares y allegados de los implicados.
Hace aproximadamente un mes, los vecinos aseguran haber recibido la visita de la intendenta Mayra Mendoza, quien se habría comprometido a intervenir en la situación. Sin embargo, denuncian que, a pocos días de su asunción como diputada, los episodios de violencia volvieron a producirse.
Las familias remarcan que el caso involucra delitos de extrema gravedad, entre ellos violencia institucional, corrupción policial y judicial, desalojos ilegales y la puesta en riesgo de menores de edad. Aseguran contar con testimonios, fechas, nombres, documentación y personas dispuestas a dar su testimonio frente a cámaras.
Ante la falta de respuestas y el temor a que ocurra una tragedia, los vecinos reclaman visibilidad urgente. En ese marco, informaron que este martes realizarán un corte de tránsito en la intersección de la avenida Mitre y Florencio Varela, con el objetivo de visibilizar el conflicto y exigir una intervención inmediata de los organismos correspondientes.
