
PENSIONES TRUCHAS: EL GOBIERNO PONE EL OJO EN BERAZATEGUI Y OTRAS LOCALIDADES
Este operativo se enfocará inicialmente en municipios como El Quebrachal (Salta), Villa Ángela (Chaco), Monte Quemado (Santiago del Estero), Tafí Viejo (Tucumán), Lomitas (Formosa), y Goya (Corrientes), así como en zonas del conurbano bonaerense como Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencio Varela. Estas áreas están señaladas con marcadores rojos debido a la cantidad de beneficios otorgados y las irregularidades detectadas.
Todo comenzó en las provincias del norte argentino, donde una auditoría médica reciente sobre una muestra de 2.559 casos reveló que solo el 7% de los beneficiarios cumplían con los requisitos de invalidez establecidos por la ley. Ante estas irregularidades, el fiscal Guillermo Marijuan ha iniciado una investigación por defraudación al Estado nacional, destacando posibles responsabilidades penales por la concesión indebida de estas pensiones no contributivas.
El operativo de auditoría, liderado por Diego Spagnuolo, nuevo presidente de Andis, podría culminar con la baja de alrededor de 500.000 pensiones no contributivas por irregularidades. Los beneficiarios serán convocados mediante carta documento para presentarse en oficinas de la ANSES o en hospitales públicos, donde se evaluará su grado de discapacidad. Además, se realizará un cruce de datos para verificar el perfil socioeconómico de los beneficiarios, ya que los ingresos y el patrimonio del titular o su grupo familiar no deben exceder ciertos límites establecidos por la ley.
En caso de que no se presenten en la fecha y lugar especificados, los beneficiarios perderán automáticamente el derecho a la pensión. No obstante, Andis ha asegurado que los 100.000 niños, niñas y adolescentes y los 60.000 adultos mayores que perciben estos beneficios quedarán excluidos del operativo.
La eliminación de ciertos requisitos, como el mínimo de incapacidad laboral del 76% y los límites de edad, ha contribuido a la flexibilización de los criterios para acceder a estas pensiones, lo que ha llevado a un aumento en las asignaciones y, consecuentemente, a la necesidad de una revisión exhaustiva.


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