Mientras el Gobierno nacional abrió la posibilidad de que los hospitales públicos puedan cobrar aranceles por la atención a personas extranjeras no residentes, la provincia de Buenos Aires reafirmó su compromiso con la gratuidad de su sistema de salud. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, fue tajante al respecto: "No vamos a tomar medidas de este tipo".
Kreplak destacó que los datos muestran un impacto mínimo de los extranjeros en el sistema de salud provincial. "En la provincia de Buenos Aires, solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a personas no residentes", señaló.
Además, el funcionario subrayó que la discusión trasciende lo económico y se centra en un debate ideológico sobre el derecho a la salud. "Las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son, en realidad, un fuerte debate sobre la concepción del derecho a la salud y el rol del Estado", afirmó.
La posición de la provincia busca diferenciarse claramente del anuncio nacional y reafirma su postura de garantizar el acceso a la salud como un derecho universal, independientemente del lugar de origen de las personas que lo requieran.
El tema generó controversia en distintos sectores, enfrentando visiones contrapuestas sobre cómo debe gestionarse la salud pública en el contexto de una creciente presión económica.
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