El Congreso de la Nación amaneció este miércoles rodeado por un fuerte operativo de seguridad, con un vallado perimetral de 100 metros a la redonda y más de 2.000 efectivos de las fuerzas federales y la Policía desplegados en la zona. El Gobierno nacional ordenó restringir el acceso de manifestantes en el marco de una jornada de protestas y una sesión clave en la Cámara de Diputados.
Movilización de Jubilados y Sectores Opositores
Distintos sectores opositores han convocado a una movilización en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a las políticas del Ejecutivo. Los jubilados encabezan la protesta exigiendo un aumento en sus haberes, en un contexto donde el ingreso mínimo es de $280.000.
A la manifestación se suman sindicatos, movimientos sociales, partidos de izquierda y dirigentes del kirchnerismo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que abandonará sus puestos de trabajo desde el mediodía para sumarse a la protesta.
Desde el Gobierno aseguran que en la marcha podrían infiltrarse grupos violentos, aunque no se ha confirmado su presencia. Funcionarios han señalado la posible participación de barrabravas y "agitadores", lo que refuerza la decisión del Ejecutivo de mantener el operativo de seguridad.
Una Protesta en Medio de una Sesión Clave
El contexto político suma tensión a la jornada, ya que la protesta coincide con una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la postura del Gobierno y afirmó que "actúa al margen de la Constitución", por lo que llamó a la movilización en defensa de los derechos de los trabajadores y jubilados.
Reunión de Seguridad en Casa Rosada
Ante la creciente tensión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó una cumbre en Casa Rosada junto a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el asesor presidencial Santiago Caputo. Fuentes oficiales adelantaron que el operativo desplegado será similar al del miércoles pasado, con la participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El Gobierno mantiene en reserva los detalles del despliegue, aunque adelantó que "no permitirá más marchas violentas" y que cualquier intento de desestabilización será reprimido.
Consecuencias Legales Tras la Represión Anterior
Luego de los incidentes ocurridos en la última movilización, el Gobierno presentó denuncias penales contra los organizadores de la protesta por presuntos delitos de "sedición" y "atentado al orden constitucional".
Además, la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos en menos de 24 horas, fue recusada por el Ejecutivo, que cuestionó su accionar. En tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó la última marcha como un "golpe de Estado" y defendió la firmeza del Gobierno en su estrategia de seguridad.
La jornada transcurre en un clima de máxima tensión política y social, con la expectativa puesta en el desarrollo de la movilización y las decisiones que adopten las fuerzas de seguridad en caso de incidentes.
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