El Congreso amaneció rodeado de un fuerte operativo policial, con más de 2.000 efectivos desplegados y un vallado perimetral de 100 metros. Mientras sectores opositores y jubilados marchan en reclamo de aumentos, el oficialismo busca aprobar un DNU clave en Diputados. El Gobierno advierte sobre la posible presencia de grupos violentos y refuerza la seguridad.
Dirigentes de movimientos sociales y organizaciones sindicales, respaldados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), llevarán a cabo una concentración en el Obelisco como parte de su rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 emitido por el presidente.
Los sindicatos convocaron a un paro nacional de 48 horas junto con movilizaciones al Obelisco.
Piden un aumento de salario de 150.000 pesos, medidas de protección y resguardo para la docencia ante situaciones de violencia. La medida de fuerza coincidirá con huelgas en CABA, en otras provincias y ATE.
Es por un paro de auxiliares convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.