El escándalo por el fentanilo contaminado en Argentina suma un nuevo capítulo marcado por la falta de voluntad política para avanzar en la investigación. En la sesión del 7 de agosto en la Cámara de Diputados, los legisladores kirchneristas, junto con parte del peronismo, se retiraron antes de la votación para impedir el quórum necesario y frenar la creación de una comisión parlamentaria que investigara a fondo las más de 70 muertes vinculadas con el uso de este medicamento adulterado.
La diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvana Giudici, del PRO, denunció que “al kirchnerismo no le interesa abordar la problemática del fentanilo”, señalando que esta actitud evidencia la intención de ocultar posibles vínculos políticos o intereses que podrían estar detrás del escándalo.
El medicamento contaminado, distribuido por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., actualmente prohibidos por la ANMAT para producir medicamentos, causó al menos 76 muertes confirmadas en distintos centros de salud del país. Ante esta grave crisis sanitaria, Giudici impulsó la creación de una comisión parlamentaria especial para esclarecer responsabilidades y detectar posibles casos de corrupción que facilitaron la circulación del fentanilo adulterado.
Sin embargo, la estrategia del kirchnerismo y sectores afines fue la de abandonar el recinto, impidiendo así que la iniciativa avanzara. La diputada denunció que “esta maniobra revela una falta de compromiso con la salud pública y una posible protección a sectores involucrados”.
Además, se ha señalado la existencia de vínculos entre empresarios dueños de los laboratorios involucrados y figuras políticas, entre ellas el exsecretario Ariel García Furfaro y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas conexiones aumentan las dudas sobre la transparencia e imparcialidad en la investigación.
Mientras tanto, en la misma sesión, otras leyes relacionadas con la salud y la educación universitaria avanzaron con apoyo mayoritario, dejando en evidencia la marginación del tema del fentanilo, a pesar de su impacto mortal y social.
Los diputados del PRO responsables de la iniciativa sostienen que “la salud pública es un bien supremo que el Estado tiene el deber irrenunciable de proteger”, y alertan que “la confianza ciudadana en el sistema de salud y en la seguridad de los medicamentos ha sido severamente dañada”.
Este episodio deja en claro que, más allá del drama sanitario, la política juega un rol central y que, hasta ahora, la respuesta del kirchnerismo ha sido evitar la transparencia y el esclarecimiento completo de este grave caso.
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