Desde este jueves, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, junto a otras 86 personas, en el marco del nuevo juicio oral y público por la denominada Causa Cuadernos, expediente en el que se los acusa de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro y recepción de sobornos.
El Tribunal Oral Federal N° 7 será el encargado de llevar adelante el proceso judicial que se originó a partir de las anotaciones del exchofer Óscar Centeno, quien trabajaba para el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro Julio De Vido. Las detalladas notas de Centeno, reveladas por el periodista Diego Cabot, expusieron presuntas maniobras de pago de coimas entre empresarios y funcionarios durante los años 2003 y 2015.
La causa tomó relevancia pública el 1° de agosto de 2018, cuando Baratta fue detenido durante un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio. Desde entonces, el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py se transformó en epicentro de una investigación que involucró a más de un centenar de empresarios y exfuncionarios, muchos de los cuales fueron procesados y enviados a juicio.
En el transcurso de la investigación, varios empresarios se acogieron a la figura de “arrepentido”, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, quien reconoció haber pagado sobornos. Años más tarde, algunos de estos imputados intentaron evitar el juicio mediante acuerdos económicos de reparación, pero la propuesta fue rechazada por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, a instancias de la fiscal Fabiana León.
El proceso que comienza este jueves no solo abarca los hechos vinculados a los cuadernos, sino también otros expedientes conexos relacionados con cartelización de la obra pública, lavado de activos, encubrimiento, administración fraudulenta y admisión de dádivas. En total, se investigarán más de 500 hechos de corrupción, con penas que podrían alcanzar los 10 años de prisión.
El TOF N° 7 dispuso la realización de una audiencia semanal hasta marzo de 2026. En la jornada inicial se leerá el requerimiento de elevación a juicio, formulado por el fiscal Carlos Stornelli, cuya lectura demandará al menos dos audiencias. Luego se avanzará con los expedientes vinculados, etapa que se prevé concluya hacia mediados de diciembre.
Una vez completada esa instancia, los jueces iniciarán la ronda de declaraciones indagatorias. Cabe destacar que todos los acusados deberán estar presentes durante la lectura de las imputaciones, la cual se llevará a cabo de forma virtual y será transmitida por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
