Las topadoras ya avanzan sobre un sector de 170 hectáreas de humedales, bosque nativo y selva en galería en la zona de Hudson, recientemente adquiridas por la desarrolladora Puerto Nizuc, lindera al country existente. Las tareas de desmonte, que comenzaron hace algunos días, se realizan sobre un área de altísimo valor ambiental y generan una creciente preocupación entre vecinos y organizaciones ambientalistas.
Según denunciaron, las máquinas arrasan con ejemplares añosos de Coronillo (Scutia buxifolia), especies protegidas que albergaban núcleos de Mariposas Bandera Argentina y una importante diversidad de fauna autóctona que hoy está siendo desplazada.
“Estamos siendo testigos de un ecocidio. Se está destruyendo uno de los últimos relictos de selva marginal más austral”, expresaron desde las organizaciones vecinales.
El proyecto, advierten, prevé continuar el desmonte hasta la ribera del Río de la Plata, eliminando por completo un sector de selva marginal fundamental para la regulación hídrica y la biodiversidad de la región.
Las entidades señalan como responsables directos al Municipio de Berazategui, al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y al Poder Judicial, por permitir —y en algunos casos, avalar— el avance de un emprendimiento que contradice los compromisos públicos en materia ambiental.
Hace algunos meses, los vecinos habían presentado una acción judicial para frenar otro desarrollo inmobiliario en la zona, el denominado Distrito “Eco” Urbano, en el límite con Ezpeleta. En su descargo, el Municipio de Berazategui sostuvo que las organizaciones “mueven todo el aparato judicial guiados por una ceguera contra el progreso y la urbanización”, y que “se erigen como paladines de los humedales sin explicar quién les otorgó dicha potestad”.
“Resulta una verdadera falta de respeto hacia los vecinos que defienden lo que es de todos”, respondieron los ambientalistas.
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente bonaerense aún no respondió al pedido de información pública ambiental presentado por las organizaciones, a pesar de que las topadoras siguen trabajando en el lugar.
“No estamos pidiendo un favor: es un derecho consagrado por ley. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información ambiental"
