La investigación judicial por el violento ataque al domicilio del diputado nacional José Luis Espert ha comenzado a revelar una compleja trama que mezcla militancia kirchnerista radicalizada, el uso de recursos estatales para fines ilícitos, presuntas irregularidades con contratistas de obra pública y la participación de figuras de peso político.
El hecho ocurrió el martes 17 de julio, mismo día en que se oficializó el arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner por delitos de corrupción. Esa noche, un grupo de encapuchados descendió de una camioneta y arrojó bolsas repletas de estiércol frente a la casa del legislador. Además, colocaron un afiche con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert”.
La Justicia caratuló inicialmente el hecho como amenazas, pero la causa, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, entró en secreto de sumario ante la posible ampliación de delitos más graves, incluyendo intimidación pública y malversación de bienes públicos.
Uno de los vehículos identificados en el ataque —un Renault Clío— pertenece a Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Abaigar, militante de La Cámpora y directora de Sensibilización y Derechos del organismo, fue detenida junto a su madre y una expareja. Aunque estas dos últimas personas no habrían participado directamente en el hecho, sí estaban autorizadas a utilizar el vehículo.
La defensa de Abaigar fue asumida por el abogado Daniel Llermanos, exjuez federal, con vínculos con la familia Moyano y defensor activo de causas kirchneristas. Fue él quien presentó un amparo ante la Corte Suprema en favor de Cristina Kirchner para que pudiera ser candidata pese a su condena.
El caso dio un giro aún más grave cuando se identificó a la segunda unidad utilizada: una camioneta Chevrolet S10. El vehículo, según determinó la Justicia, había sido cedido por la empresa Centro Construcciones a la Municipalidad de Quilmes en el marco de una licitación para la obra de renovación del Acceso Sudeste, adjudicada en 2021 por más de 900 millones de pesos.
La S10 fue hallada estacionada en un garage oficial del municipio de Quilmes y, según registros fílmicos, habría sido utilizada por los encapuchados en el ataque a Espert. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, líder local de La Cámpora, no emitió declaraciones al respecto ni informó medidas administrativas tras el hallazgo del vehículo bajo su órbita de gestión.
“Centro Construcciones cobró por una obra que nunca finalizó”, denunció la concejal quilmeña Estefanía Albasetti (LLA). La firma ahora es investigada por su posible participación en el uso indebido de recursos públicos.
La causa, que involucra grabaciones, geolocalización de teléfonos y testimonios clave, podría derivar en imputaciones por delitos que van más allá de una amenaza puntual. El uso de un vehículo de un contratista público para un acto intimidatorio plantea la posibilidad de corrupción agravada.
Mientras tanto, ATE salió a respaldar a Abaigar con la consigna: “Presa por mujer y peronista”. Por su parte, Llermanos minimizó el hecho como una simple contravención, asegurando que su clienta actuó en reacción a declaraciones de Espert sobre Cristina y Florencia Kirchner.
La pregunta central que se hacen tanto la Justicia como la opinión pública es: ¿Pudo Mayra Mendoza desconocer el uso de la camioneta oficial en el hecho? ¿Se tomaron medidas internas luego del hallazgo del vehículo?
Por ahora, no hay respuestas.
El expediente está bajo secreto de sumario y se esperan más allanamientos, peritajes y nuevas detenciones. La causa recién comienza, pero ya amenaza con escalar hasta las más altas esferas del kirchnerismo bonaerense.
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