Luego de intensas negociaciones con distintos sectores, el Gobierno presentó la versión definitiva de la reforma laboral que será tratada este miércoles en el Congreso. El nuevo texto incorpora 28 modificaciones sustanciales respecto del proyecto original y el oficialismo confía en obtener la aprobación durante el período de sesiones extraordinarias.
En Casa Rosada consideran que cuentan con el respaldo necesario para alcanzar la media sanción en la Cámara alta y girar la iniciativa a Diputados, donde anticipan un debate más complejo. Empresas, entidades financieras y la CGT figuran entre los actores que lograron introducir cambios, aunque algunos puntos fueron moderados respecto de la propuesta inicial.
De acuerdo con el análisis de Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, los principales cambios son los siguientes:
Cambios fiscales y sindicales
Se eliminó la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas (del 30% al 27%), medida que impactaba sobre las cajas provinciales.
Se confirmó la bancarización obligatoria para el pago de salarios y se descartó el uso de billeteras virtuales.
La derogación de estatutos y regímenes especiales entrará en vigencia 180 días después de sancionada la ley.
El aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años, con un tope del 2%.
No prosperó la reducción de cargas patronales para obras sociales, que continuará en 6%.
Las empresas seguirán actuando como agentes de retención de cuotas sindicales.
Desde el 1° de enero de 2028, los aportes a asociaciones de empleadores serán voluntarios. A partir de esa misma fecha, el pago de cuotas sindicales requerirá consentimiento individual expreso del trabajador.
Servicios esenciales y regulación de huelgas
Se amplió la definición de servicios esenciales, incorporando el cuidado de menores y la educación en todos los niveles obligatorios, el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad. Además, se establece que las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de su prestación normal.
Indemnizaciones y créditos laborales
Uno de los puntos centrales es la redefinición del concepto de “mejor remuneración” para el cálculo de indemnizaciones, que quedará limitada a lo mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo y vacaciones.
Se establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y se crea un nuevo esquema de actualización de créditos laborales basado en el IPC más un 3% anual.
Asimismo, se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral para cubrir costos de desvinculación:
-Aporte del 1% mensual para grandes empresas.
-Aporte del 2,5% mensual para MiPyMEs.
-El fondo tendrá carácter de patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Modernización y registración digital
-Se establece que la registración ante ARCA será suficiente, sin posibilidad de que otras autoridades exijan requisitos adicionales. Los libros laborales deberán conservarse por diez años y podrán digitalizarse con plena validez legal.
También se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas y se flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo fraccionamiento con un mínimo de siete días.
Incentivos a la inversión y capacitación
La reforma incorpora:
-Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL).
-Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a promover inversiones productivas.
-Reducción de cargas sociales para nuevos empleos.
-Además, se establece que los convenios colectivos de empresa podrán prevalecer sobre los convenios nacionales en determinadas condiciones.
Por último, el Ejecutivo anunció que enviará una futura ley de reforma fiscal integral para avanzar en acuerdos entre Nación y provincias que permitan reducir la presión tributaria.
