Triunfo del Gobierno en el Senado: se aprobó la reforma laboral antes del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa

El Gobierno nacional obtuvo este jueves un nuevo respaldo legislativo en el Senado al convertir en ley la reforma laboral, en la antesala del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Se trató del cuarto proyecto que el oficialismo logró sancionar en la semana en la Cámara alta.

La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos, provenientes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y aliados provinciales de Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta. En tanto, los bloques del peronismo votaron en contra, sumando 28 rechazos. Hubo además dos abstenciones del oficialismo de Santa Cruz, cuyos representantes manifestaron su desacuerdo con la reforma, aunque señalaron que la modalidad de votación los obligaba a expedirse sobre el dictamen.

La sesión se desarrolló con un Congreso blindado por un amplio despliegue policial, en medio de movilizaciones en rechazo a la iniciativa. La central obrera CGT anunció además una marcha a Tribunales para el próximo lunes, en línea con la estrategia opositora de judicializar la reglamentación de la norma.

Cruces y tensiones en el recinto

Antes del inicio del debate, el peronismo intentó frustrar la sesión mediante una moción de orden impulsada por el senador porteño Mariano Recalde, quien pidió que el proyecto regresara a comisiones. El argumento central fue que la reforma laboral, junto con la modificación de la Ley de Glaciares aprobada en la misma jornada, podría vulnerar compromisos asumidos en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que exige garantizar estándares elevados de protección ambiental y laboral.

Otro foco de tensión se produjo en un nuevo cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y sectores libertarios. En esta oportunidad, la senadora Nadia Márquez fue advertida por la titular del Senado por ingresar al recinto junto al diputado oficialista Guillermo Montenegro.

También hubo desacuerdos respecto de la modalidad de votación, ya que los senadores debían optar entre el dictamen aprobado el 12 de febrero y el nuevo texto. Finalmente, la Vicepresidenta impulsó una definición en general, lo que terminó ordenando el cierre del trámite legislativo.

Argumentos y cuestionamientos

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una actualización del marco normativo destinada a otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica para la contratación en relación de dependencia. La participación de los legisladores que respaldaron el proyecto fue acotada: intervino el miembro informante, dos senadoras del PRO —Huala y Cristina— que pusieron el foco en el artículo referido a la cuota sindical voluntaria, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que la ley busca terminar con “un sistema en donde nadie contrata a nadie”.

La oposición justicialista centró sus críticas en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que definió como un “subsidio al despido”, y en la eliminación de la ley de Teletrabajo sin normativa sustitutiva. También cuestionó la supresión de estatutos sectoriales y el fin del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. “Este proyecto viene a romper todo el sistema de leyes laborales que equilibraban una desigualdad natural que existe en las relaciones laborales”, sintetizó la senadora riojana López.

Los principales cambios de la reforma

Entre los ejes centrales de la nueva ley se destacan:

• Banco de horas: reemplaza el pago de horas extras por un esquema de compensación de jornadas extensas con días de descanso, respetando mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un fondo financiado con aportes patronales para cubrir indemnizaciones. Las grandes empresas aportarán 1% (ampliable a 1,5%) y las pymes 2,5% (hasta 3%). Si el fondo no alcanza, el empleador deberá cubrir la diferencia.

• Vacaciones: habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días y garantiza que al menos cada tres años el receso coincida con el verano.

• Servicios esenciales: incorpora telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, aeronáutica comercial, control portuario, servicios aduaneros y migratorios y educación (excepto universitaria), obligando a garantizar un mínimo del 75% de prestación.

• Blanqueo laboral: establece incentivos impositivos por cuatro años para nuevas contrataciones y abre una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.

• Fin de la ultraactividad y estatutos: elimina la vigencia automática de convenios vencidos y dispone el fin de estatutos especiales —como el del periodista o viajante de comercio— a partir del 1° de enero de 2027.

• Financiamiento del cine: desde 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dependerá exclusivamente de partidas presupuestarias, eliminando sus fuentes automáticas de financiamiento.

• Trabajadores de plataformas: regula condiciones y obligaciones, estableciendo la obligatoriedad de contar con seguro de salud, cuyo financiamiento quedará sujeto a acuerdo entre las partes.

• Asambleas: deberán contar con autorización previa y no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa; el trabajador no percibirá salario durante su realización.

Con la reforma ya convertida en ley, el escenario político se traslada ahora a la etapa de reglamentación y a la eventual judicialización anunciada por sectores sindicales y del peronismo, que buscarán frenar su implementación en los tribunales.