Un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires encendió señales de alerta sobre la administración de fondos públicos en Berazategui. Según la documentación oficial, durante el ejercicio 2024 la gestión encabezada por el entonces intendente Juan José Mussi realizó colocaciones financieras en bancos privados por montos que superan los 50.000 millones de pesos, en abierta contradicción con la normativa vigente.
Las operaciones fueron efectuadas en entidades como Banco Credicoop, Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco Hipotecario, relegando al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que debería ser el canal exclusivo para este tipo de operaciones según las disposiciones legales.
El informe detalla una serie de depósitos en moneda nacional de altísimo volumen, particularmente en el Banco Credicoop, donde se registran colocaciones individuales superiores a los 7.000 y 8.000 millones de pesos. A esto se suman múltiples operaciones en el resto de las entidades privadas, consolidando un esquema financiero que, si bien pudo haber perseguido mejores rendimientos, se apartó de los marcos regulatorios establecidos.
Desde el municipio, los responsables argumentaron que la decisión respondió a la búsqueda de tasas de interés más convenientes. Sin embargo, el Tribunal fue contundente al rechazar esa justificación y subrayó que la administración de recursos públicos no puede regirse por criterios de rentabilidad cuando estos implican el incumplimiento de la ley.
A pesar de la gravedad de las observaciones, el organismo de control aprobó la rendición de cuentas por unanimidad. La resolución no incluyó sanciones económicas, sino únicamente amonestaciones administrativas dirigidas a funcionarios del área económica y contable, entre ellos el secretario de Economía, Santiago Castagno, el contador municipal Marcelo Fabián López, y otros responsables técnicos.
No obstante, el fallo dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades. En ese marco, también se menciona que el exintendente Juan Patricio Mussi, junto a otros funcionarios, no debe ser considerado exento de responsabilidad, ya que parte del expediente continúa bajo análisis.
El caso expone una tensión recurrente en la gestión pública: la búsqueda de eficiencia financiera frente al cumplimiento estricto de la normativa. Pero en este escenario, el propio organismo de control fue claro: la legalidad no es optativa.
Además del eje financiero, el informe revela otras irregularidades que agravan el cuadro general, como errores contables, falta de sistemas adecuados de control, gastos sin respaldo suficiente y pagos indebidos. También se detectaron fondos afectados que no fueron ejecutados conforme a su destino específico, lo que abre nuevos interrogantes sobre la trazabilidad y el uso de los recursos públicos.
En conjunto, los hallazgos delinean un escenario de debilidades administrativas que trascienden una decisión puntual y ponen en discusión los mecanismos de control interno y la transparencia en la gestión. Aunque por ahora las consecuencias se limitaron a sanciones leves, el expediente sigue abierto y podría derivar en definiciones de mayor impacto.
MÁS NOTICIAS
/contenido/19508/fabian-luayza-con-el-mata-rodriguez-con-los-numeros-economicos-en-caida-ya-no-se
/contenido/19507/crece-la-polemica-en-berazategui-por-la-supuesta-mudanza-de-manuel-adorni-al-exc
