La investigación judicial sobre el patrimonio del vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento clave tras la declaración de un contratista que aseguró haber recibido pagos en efectivo por un total de 245 mil dólares por la remodelación de una vivienda.
Se trata de Matías Tabar, quien se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y aportó documentación, material audiovisual y su teléfono celular para ser peritado en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Según su testimonio, el funcionario lo contactó vía WhatsApp por recomendación de vecinos del country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Tabar sostuvo que los pagos fueron realizados “en efectivo y en negro”, sin emisión de comprobantes.
El contratista detalló que recibió un primer pago de 55 mil dólares a fines de 2024, mientras que el resto del dinero fue abonado durante 2025. Además, precisó que las obras se extendieron entre octubre de 2024 y julio de este año.
La vivienda, de aproximadamente 400 metros cuadrados, fue objeto de una remodelación integral que incluyó trabajos en múltiples sectores: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimientos exteriores, renovación de parrilla y una remodelación completa de la pileta, con incorporación de una cascada.
También se realizaron mejoras en la cocina —como mesadas, isla y desayunador—, iluminación y mobiliario.
Toda esta información fue entregada al fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación junto al juez federal Ariel Lijo.
El expediente también analiza otros movimientos económicos del funcionario. Según la información incorporada, los gastos en propiedades superarían los 360 mil dólares, incluyendo adelantos inmobiliarios, honorarios profesionales y devoluciones de préstamos.
A esto se suman deudas por aproximadamente 335 mil dólares que deberían ser canceladas en su mayoría antes de noviembre.
Durante el período de refacciones, Adorni y su familia habrían alquilado otra propiedad en el mismo country, con un costo estimado de 13 mil dólares.
En paralelo, el testigo afirmó que antes de declarar recibió un contacto del funcionario, quien le habría ofrecido “ayuda” o intermediación de su equipo, propuesta que finalmente rechazó.
En sus declaraciones públicas, Adorni evitó dar precisiones sobre su evolución patrimonial y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes en el ámbito judicial.
“No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó en su paso por el Congreso y en posteriores apariciones públicas.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando con el análisis técnico contable a cargo de un organismo especializado de la Procuración, que busca reconstruir el flujo de ingresos, gastos y deudas del funcionario en los últimos años.
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