PASO: LA POLÍTICA JUEGA A LAS INTERNAS Y EL CIUDADANO PAGA LA FIESTA

La campaña para las elecciones de 2027 ya comenzó, aunque todavía falten definiciones, candidaturas y alianzas. Javier Milei y Mauricio Macri mueven sus piezas en un sector del escenario político, mientras Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner discuten el futuro del peronismo. La dirigencia ya piensa en las urnas. Buena parte de la sociedad, en cambio, sigue preocupada por cómo llegar a fin de mes.

En ese contexto vuelve a aparecer una discusión que parece inevitable: ¿qué sentido tienen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y quién debe pagar por ellas?

La pregunta no es menor. Las PASO fueron creadas para ordenar la competencia interna de los partidos y las coaliciones, pero su realización implica movilizar una enorme estructura estatal y utilizar recursos que salen del bolsillo de todos los contribuyentes.

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma electoral que propone eliminarlas definitivamente. El argumento oficial es directo: las internas partidarias deben ser resueltas por los propios partidos y no por toda la sociedad. Además, la Casa Rosada cuestionó el costo de las primarias nacionales de 2023, estimado por el Gobierno en $45.000 millones, y sostuvo que aquella elección no resolvió ninguna competencia relevante.

Pero la eliminación de las PASO no es solamente una discusión institucional. También es una disputa política. Cada espacio analiza qué sistema le conviene de acuerdo con su grado de unidad, la cantidad de candidatos que podría presentar y su capacidad para movilizar votantes.

UNA INTERNA PARTIDARIA QUE PAGA TODA LA SOCIEDAD

El principal cuestionamiento a las PASO es tan sencillo como difícil de responder: ¿por qué todos los argentinos deben financiar una interna de los partidos políticos?

Organizar una elección requiere escuelas, autoridades de mesa, fuerzas de seguridad, logística, impresión de boletas, distribución de materiales, sistemas de transmisión y escrutinio. Aunque el ciudadano no tenga interés alguno en participar de una interna, el Estado igualmente debe poner en funcionamiento toda esa estructura.

Y ahí aparece una contradicción.

En un país que discute permanentemente cómo reducir el gasto público, resulta difícil justificar una elección destinada exclusivamente a definir candidatos cuando los propios partidos podrían contar con mecanismos internos para resolver sus diferencias.

La política tiene derecho a discutir quiénes serán sus candidatos. Lo que resulta discutible es que esa discusión tenga que ser financiada obligatoriamente por todos.

¿Y SI EL VOTO ES OPTATIVO?

Una de las alternativas planteadas en el Congreso busca mantener las primarias, pero eliminar la obligatoriedad del voto.

La iniciativa del senador radical correntino Eduardo Vischi propone, entre otros cambios, que la participación sea voluntaria y establece condiciones para que las agrupaciones sin competencia interna puedan quedar fuera de la elección.

La propuesta podría resolver parcialmente uno de los principales cuestionamientos: nadie estaría obligado a concurrir a las urnas para participar de una interna que no le interesa.

Pero deja intacta otra pregunta fundamental: ¿quién continúa pagando la elección?

Porque quitar la obligatoriedad del voto no significa eliminar el costo. El Estado seguiría teniendo que organizar los comicios, disponer escuelas, autoridades de mesa, seguridad, logística y escrutinio.

Es decir: el ciudadano podría optar por no votar, pero seguiría pagando la elección a través de sus impuestos.

EL RIESGO DE UNA PRIMARIA PARA LOS APARATOS

También existe otro problema.

Si el voto pasa a ser voluntario, es razonable pensar que la participación podría reducirse considerablemente. Y quienes tendrían mayores incentivos para concurrir serían los afiliados, militantes y votantes con una fuerte identificación partidaria.

Una PASO que nació con la intención de abrir la selección de candidatos a la sociedad podría terminar convirtiéndose en una elección dominada por los sectores más organizados y movilizados.

En otras palabras, podría cambiar la obligatoriedad pero no necesariamente la lógica de fondo.

La primaria seguiría siendo financiada por todos, pero podría terminar siendo definida por unos pocos.

EL FACTOR KICILLOF, MASSA Y EL KIRCHNERISMO

La discusión adquiere especial importancia de cara al 2027.

El peronismo enfrenta una disputa interna entre distintos sectores y dirigentes. Kicillof, Massa, el kirchnerismo, Cristina y Máximo Kirchner, además de los gobernadores, forman parte de una discusión cuyo desenlace todavía está lejos de estar definido.

Para una fuerza atravesada por diferencias internas, las PASO pueden funcionar como una herramienta para ordenar la competencia y evitar una fragmentación mayor.

Pero precisamente allí aparece el interrogante político: ¿debe ser el conjunto de los argentinos quien resuelva las diferencias internas del peronismo?

La misma pregunta puede trasladarse al resto de los espacios.

Si una coalición tiene varios candidatos, debería tener la capacidad de establecer mecanismos democráticos para elegirlos. No parece razonable que la solución automática sea convocar a millones de ciudadanos, montar una elección nacional y cargar el costo sobre las cuentas públicas.

MILEI Y LA OPOSICIÓN TAMBIÉN JUEGAN SU PARTIDA

La eliminación de las PASO tampoco es una discusión políticamente inocente.

Para el oficialismo, terminar con las primarias puede obligar a la oposición a resolver sus diferencias antes de llegar a las elecciones generales. Para los sectores opositores, en cambio, mantenerlas puede ofrecer una herramienta para ordenar candidaturas y evitar que una multiplicidad de listas termine fragmentando el voto.

Por eso, detrás del debate institucional también existe una batalla electoral.

Cada partido defiende, naturalmente, el sistema que considera más conveniente para sus propias posibilidades.

El problema es que la discusión no debería reducirse a calcular qué mecanismo favorece a Milei, al PRO, al peronismo o a cualquier otra fuerza.

La primera pregunta debería ser otra: ¿qué sistema resulta más conveniente para los ciudadanos y para las cuentas públicas?

DEMASIADAS URNAS, DEMASIADO GASTO

Argentina tiene una larga tradición de elecciones, pero también de elecciones demasiado frecuentes.

Entre primarias, elecciones generales, comicios provinciales, municipales y eventuales balotajes, los ciudadanos pueden verse convocados reiteradamente a las urnas en períodos relativamente cortos.

Votar es un derecho fundamental y una obligación cívica. Pero la democracia no se fortalece necesariamente acumulando elecciones.

Más elecciones no significan automáticamente más democracia.

Una democracia sólida también necesita instituciones eficientes, partidos responsables y un Estado que utilice los recursos públicos con criterio.

Si los partidos políticos necesitan resolver sus internas, deberían hacerlo mediante mecanismos internos transparentes y democráticos. Si consideran imprescindible consultar al conjunto de la ciudadanía, entonces debería discutirse seriamente si esa participación debe ser obligatoria y si corresponde que el Estado financie íntegramente ese proceso.

¿UNA SALIDA A MEDIAS?

Convertir las PASO en optativas podría parecer una solución intermedia. El ciudadano ya no estaría obligado a participar y los partidos conservarían una herramienta para dirimir sus candidaturas.

Pero podría terminar siendo la peor de las dos opciones: mantener el gasto público, reducir la participación y aumentar el peso de los aparatos partidarios.

La discusión, por lo tanto, no debería ser solamente si las PASO son obligatorias u optativas.

Debería discutirse si son necesarias.

Si una interna es realmente partidaria, que la paguen y la organicen los partidos. Si se pretende que sea una instancia de participación ciudadana, entonces debe demostrarse que esa participación aporta un verdadero valor democrático y que justifica el enorme costo de poner en marcha la maquinaria electoral nacional.

La Argentina tiene problemas mucho más urgentes que resolver que las internas de sus dirigentes. Mientras millones de ciudadanos hacen malabares con sus ingresos, resulta razonable exigir que la política también haga cuentas.

Porque cada elección tiene un costo. Y ese costo, en última instancia, no lo pagan los partidos: lo pagan los argentinos.

La discusión sobre las PASO debería comenzar justamente ahí: no desde la conveniencia electoral de Milei, Kicillof, Massa, Macri o cualquier otro dirigente, sino desde una pregunta que parece cada vez más necesaria:

¿Por qué toda la sociedad debe pagar una elección destinada a resolver problemas internos de los partidos políticos?

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