Gobierno enviará esta semana proyectos al Congreso por buitres

Según Prat Gay el entendimiento actual, a diferencia de los anteriores, alcanza a todos los acreedores que no habían acordado (los anteriores fueron parciales). También afirmó que no se puede comparar con anteriores negociaciones porque en este caso hay una sentencia firme en sede judicial, con agregado de una cautelar, que impide emitir deuda para ir pagando.

Consideró que se trata de una de las tantas herencias recibidas por el actual Gobierno. Al respecto, recordó que en una semana se salió del cepo y en unas 8 semanas se terminó una negociación por la deuda externa que llevaba 15 años.

El ministro afirmó que "no hay muchos antecedentes de quitas con fallos judiciales y menos aún con quita de esta magnitud". En este sentido, precisó que la deuda original era de 6.000 millones de dólares y que se fue incrementando a razón de 1.000 millones de dólares por año, hasta totalizar 20.000 millones. Sobre esa cifra se logró una descuento del 25%, es decir que se deberán pagar 15.000 millones de dólares, y la quita alcanza al 40% si se contemplan los intereses.

Prat Gay dijo que el gobierno de Mauricio Macri cambió de estrategia con relación a la anterior administración, comenzando por reconocer el problema. Para ello vieron "los números" y fueron a ver al juez y al mediador planteando que el país reconocía el capital (porque había una sentencia firme) pero no así los intereses a los que se consideraron excesivos.

Para cuantificar el daño que provocó al país, según el ministro, la falta de acuerdo en estos quince años, estimó que hoy "quizás el país tendría hasta 2 millones de empleos más", que se fueron perdiendo en estos años por la falta de inversiones, la salida de divisas y los 55.000 millones de dólares que se debieron pagar al contado para saldar deudas. Al respecto, afirmó que todos los países del mundo crecen con crédito y que para ello es necesario "recuperar la confianza, para afuera y para adentro" y que "la economía no funcionaba porque el primero en mentir gobierno nacional".

Prat Gay consideró que la situación era difícil porque con una sentencia firme, los acreedores estaban en condiciones de exigir el 100% del reclamo, pero afirmó que "nos pusimos duros, no quisimos firmar acuerdo de confidencialidad, porque las negociaciones tienen que ser transparentes porque estamos negociando en representación del Congreso". Sintetizó señalando que jugamos "con las reglas pero con la mayor firmeza posible".

Esta semana el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que permita ejecutar estos acuerdos y también el Parlamento deberá derogar las leyes de Pago Soberano y Cerrojo. Lograda esta instancia, se emitirán bonos, ya que, según aclaró Prat Gay, "no vamos a usar reservas efectivo". A los bonistas se les pagará en efectivo, pero con lo obtenido por la emisión de nuevos bonos. El ministro consideró que al no entregar directamente a los holdout bonos, sino efectivo, será posible colocar deuda a precios de mercado.

De esta forma, estimó, posiblemente se logre un ahorro de un 20% sobre los cerca de 15.000 millones de dólares a emitir, es decir unos 3.000 millones de dólares, que se sumarán a los 5.000 millones de dólares que el país se ahorró, según estimó Prat Gay, por la quita del 25%.

El ministro aprovechó para aclarar "que el gobierno anterior dijo que estos fondos se habían pagado (en referencia a los intereses depositados que se le pagaban a los bonistas y que por la decisión de Juez Griesa no se pudieron cobrar) deuda que estimo Prat Gay en unos 3.000 millones de dólares.
Consultado por ámbito.com sobre cómo afecta a la gente este acuerdo, Prat Gay señaló que al tener una expectativa de reapertura del financiamiento, no será necesario llevar adelante "ajustes duros en partidas presupuestarias sensibles, porque con el acceso al crédito, podemos evitar el ajuste, es como un puente para que la economía vuelva a crecer". Específicamente, el ministro resumió que el acceso al financiamiento internacional permitirá "ir bajando de a poco el déficit", sin que sea "necesario sino ajuste salvaje del gasto".

El ministro también se manifestó confiado en que el Congreso apruebe las leyes necesarias para culminar la negociación externa. Sostuvo que no se trata de una cuestión "ideológica" sino de "gestión" y que una proporción muy grande de la oposición y los gobernadores saben muy bien que los programas provinciales en materia de rutas, gasoductos o infraestructura en general, va a ser posible si se consigue financiamiento externo, que permitirá más obras y empleo.

Resta aún el ingreso de un 15% de bonistas y en este sentido Caputo expreso la voluntad de mantener abierto el canje de la propuesta standard con una quita menor.

El equipo económico está confiado de poder llegar antes del 14 de abril con todos los requisitos pero y como dice el comunicado del mediador Pollack "si las partes acuerdan se puede prorrogar la fecha".

Ambito