La iniciativa del Ejecutivo santafecino busca dejar de supervisar a fin de mes a los convictos de la Justicia federal que estén gozando dentro de su territorio de beneficios tales como la libertad condicional, el arresto domiciliario y las salidas transitorias. En esa provincia hay 545 personas que hoy gozan de beneficios alternos a la pena de prisión.
Al respecto, el Diputado Grandinetti manifestó su “extrema preocupación por la decisión, que ya fue comunicada oficialmente a los jueces federales con jurisdicción en la provincia, y que ocurre en medio de una gravísima crisis de seguridad”.
A su vez, agregó que “es una medida insólita porque se trata de presos por delitos federales que cumplen condenas por ilícitos graves tales como el narcotráfico, lo cual pone en riesgo a la ciudadanía en su conjunto”.
En ese sentido, el ViceJefe del bloque massista en la Cámara de Diputados adelantó que en las próximas horas presentarán un pedido de informes ante los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación exigiendo “que se detalle de manera pormenorizada el convenio existente con la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe (DPCAPP) y del resto del país”.
Entre los principales puntos que contiene el pedido de informes se requiere saber “si la intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no es renovar el contrato con la policía de Santa Fe”, "cuáles son las alternativas de control y asistencia que serán aplicadas" y se agrega como duda si en la actualidad “la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (creada recientemente por Ley Nº 27.080) se encuentra en condiciones de prestar servicios que hacen a su competencia".
En ese punto, Grandinetti argumentó que “hasta el momento también se desconocen los términos, condiciones, monto y duración del contrato entre ambos estamentos” y dijo que es por ello que "en caso de ser renovado, es prioritario que se conozcan esos detalles para fijar un posicionamiento de cara a la sociedad, entendiendo que en los últimos tiempos varios hechos policiales fueron cometidos por presos con salidas transitorias". Tal es el caso del asesinato del suboficial Mauro Mansilla, quien hace pocos días fue ultimado en la Ciudad de Rosario por un convicto que estaba condenado a 37 años de prisión y que estaba prófugo desde julio de 2015, cuando precisamente no retornó de una salida transitoria.
El parlamentario nacional por Santa Fe también explicó que buscan “poner de preaviso al Ejecutivo Nacional acerca de su responsabilidad en este tema” porque manifestó que “si el Gobierno de la Nación no toma medidas en el asunto, sus autoridades de alto rango incumplirían sus deberes de funcionarios públicos, dado que estarían dejando a la población indefensa ante delincuentes y criminales que deben ser custodiados por la policía”.
Por su parte, consideró solicitar la posibilidad de que el control de convictos excarcelados con beneficios quede a cargo de la Policía Federal, aunque puso en duda que eso sea materialmente posible “por la cantidad de efectivos que tiene esa fuerza de seguridad en territorio santafesino”.
También dijo que “se trata de una problemática que viene desde hace muchos años, porque el Gobierno Nacional no ha hecho las inversiones necesarias para los presos federales, dado que tanto en Santa Fe como en muchas otras otras provincias no hay cárceles para convictos por esos delitos”.
En ese punto, finalmente, el Diputado Grandinetti planteó la necesidad de “volver a discutir el código penitenciario” y recordó que “junto a Sergio Massa y a Ramiro Gutiérrez ya han presentado el proyecto de un nuevo código carcelario para trabajar en prisiones de máxima seguridad que eviten que los ciudadanos deban convivir con esos delincuentes y que garanticen que los argentinos puedan vivir en paz”.
