Lo afirmó el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, VicePresidente del Bloque Frente Renovador - UNA, en referencia a la decisión del Gobierno de Santa Fe de dejar de controlar las salidas transitorias, asistidas o prisión domiciliaria de los presos federales a partir del 31 de marzo. Considera que la medida pone en riesgo la seguridad de todos los habitantes del país. Además, adelantó que en las próximas horas presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Nación para que evite la puesta en marcha de la medida.
Política24 de marzo de 2016 Redacción
La iniciativa del Ejecutivo santafecino busca dejar de supervisar a fin de mes a los convictos de la Justicia federal que estén gozando dentro de su territorio de beneficios tales como la libertad condicional, el arresto domiciliario y las salidas transitorias. En esa provincia hay 545 personas que hoy gozan de beneficios alternos a la pena de prisión.
Al respecto, el Diputado Grandinetti manifestó su “extrema preocupación por la decisión, que ya fue comunicada oficialmente a los jueces federales con jurisdicción en la provincia, y que ocurre en medio de una gravísima crisis de seguridad”.
A su vez, agregó que “es una medida insólita porque se trata de presos por delitos federales que cumplen condenas por ilícitos graves tales como el narcotráfico, lo cual pone en riesgo a la ciudadanía en su conjunto”.
En ese sentido, el ViceJefe del bloque massista en la Cámara de Diputados adelantó que en las próximas horas presentarán un pedido de informes ante los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación exigiendo “que se detalle de manera pormenorizada el convenio existente con la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe (DPCAPP) y del resto del país”.
Entre los principales puntos que contiene el pedido de informes se requiere saber “si la intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no es renovar el contrato con la policía de Santa Fe”, "cuáles son las alternativas de control y asistencia que serán aplicadas" y se agrega como duda si en la actualidad “la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (creada recientemente por Ley Nº 27.080) se encuentra en condiciones de prestar servicios que hacen a su competencia".
En ese punto, Grandinetti argumentó que “hasta el momento también se desconocen los términos, condiciones, monto y duración del contrato entre ambos estamentos” y dijo que es por ello que "en caso de ser renovado, es prioritario que se conozcan esos detalles para fijar un posicionamiento de cara a la sociedad, entendiendo que en los últimos tiempos varios hechos policiales fueron cometidos por presos con salidas transitorias". Tal es el caso del asesinato del suboficial Mauro Mansilla, quien hace pocos días fue ultimado en la Ciudad de Rosario por un convicto que estaba condenado a 37 años de prisión y que estaba prófugo desde julio de 2015, cuando precisamente no retornó de una salida transitoria.
El parlamentario nacional por Santa Fe también explicó que buscan “poner de preaviso al Ejecutivo Nacional acerca de su responsabilidad en este tema” porque manifestó que “si el Gobierno de la Nación no toma medidas en el asunto, sus autoridades de alto rango incumplirían sus deberes de funcionarios públicos, dado que estarían dejando a la población indefensa ante delincuentes y criminales que deben ser custodiados por la policía”.
Por su parte, consideró solicitar la posibilidad de que el control de convictos excarcelados con beneficios quede a cargo de la Policía Federal, aunque puso en duda que eso sea materialmente posible “por la cantidad de efectivos que tiene esa fuerza de seguridad en territorio santafesino”.
También dijo que “se trata de una problemática que viene desde hace muchos años, porque el Gobierno Nacional no ha hecho las inversiones necesarias para los presos federales, dado que tanto en Santa Fe como en muchas otras otras provincias no hay cárceles para convictos por esos delitos”.
En ese punto, finalmente, el Diputado Grandinetti planteó la necesidad de “volver a discutir el código penitenciario” y recordó que “junto a Sergio Massa y a Ramiro Gutiérrez ya han presentado el proyecto de un nuevo código carcelario para trabajar en prisiones de máxima seguridad que eviten que los ciudadanos deban convivir con esos delincuentes y que garanticen que los argentinos puedan vivir en paz”.
Los fiscales sostienen que no hay razones médicas ni de seguridad que justifiquen el beneficio y apuntan a una “falta de igualdad ante la ley” en el tratamiento de la expresidenta.
Con un récord de 480.000 inscriptos, el gobernador Axel Kicillof inauguró los Juegos Bonaerenses en Berazategui y lanzó duras críticas al Gobierno nacional por los recortes en políticas deportivas, educativas y culturales. También participaron Andrés Larroque y el intendente Juan José Mussi.
Con el voto desempate de Verónica Magario, el Senado bonaerense dio media sanción a una reforma que elimina los límites a la reelección de legisladores. Mientras la provincia atraviesa profundas crisis sociales y económicas, la política avanza en su objetivo: quedarse indefinidamente en el poder.
El gobernador bonaerense encabezó el acto en la Escuela Juan Vucetich de Berazategui, donde más de 2.700 cadetes juraron fidelidad a la bandera. Anunció avances en infraestructura y formación para profesionalizar a la fuerza.
La expresidenta debe informar quiénes podrán ingresar a su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Su defensa pidió ampliar el listado e incluir a referentes políticos y sociales.
El edificio más alto del Conurbano se construirá en Hudson, impulsado por capitales privados y aval oficial, en una ciudad donde las prioridades parecen cada vez más alejadas de las necesidades cotidianas.
El SMN emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas en la región, con mínimas bajo cero y máximas que no superan los 10°C. Recomiendan extremar cuidados, especialmente entre los grupos de riesgo.
En Lonquimay, La Pampa, un comisario convirtió su casamiento en una especie de reality carcelario gourmet: hizo que seis presos cocinaran, sirvieran y limpiaran como si fueran parte de un catering VIP... pero sin sueldo, ni custodia, ni libertad. Ahora enfrenta un juicio y un posible pase directo del altar al banquillo.
La Justicia halló una camioneta oficial del Municipio de Quilmes usada en el ataque. La detenida es militante de La Cámpora y su abogado es Daniel Llermanos.
En plena ola polar, miles de vecinos del AMBA enfrentan prolongados cortes de luz. La falta de respuestas por parte de las distribuidoras y del Estado agrava una situación crítica en los barrios más afectados.