Escándalo en Cambiemos por el aborto no punible

Política 20 de noviembre de 2019 Por
Un sector del macrismo salió a pedir la renuncia del funcionario de Salud, Adolfo Rubinstein, mientras que desde el radicalismo manifestaron su solidaridad con el ministro.
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La publicación en el Boletín Oficial de la actualización del " Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, generó múltiples reacciones en el arco político. Además de las organizaciones que pulsearon a favor y en contra de la legalización del aborto en el Congreso, un sector del macrismo salió a pedir la renuncia del funcionario, mientras que desde el radicalismo manifestaron su solidaridad.

"Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

"El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional", agregó Pinedo, apuntando nuevamente los cañones contra Rubinstein, funcionario de Mauricio Macri.

Lejos estuvo de ser el único caso. Algunos legisladores repitieron en las redes las palabras de Pinedo, como la senadora del radicalismo tucumano Silvia Elías de Pérez, y otros sumaron sus propias voces, como la diputada nacional electa por el macrismo porteño, Dina Rezinovsky, que directamente pidió la renuncia de Rubinstein.

"El secretario de salud Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional", escribió la diputada en Twitter.

En apoyo de Rubinstein salió el exsenador radical Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos. "Mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión", escribió el mendocino en Twitter.

Lo mismo hizo el exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra. "Mi apoyo absoluto y toda mi solidaridad a Rubinstein , un funcionario ejemplar. El protocolo que dictó responde al fallo de la corte y al código penal vigente, tratando de solucionar un problema grave de salud pública . Resulta inentendible su derogación", destacó.

Otro de los referentes del radicalismo que expresó su apoyo al secretario Rubinstein fue el senador electo por la ciudad Martín Lousteau, quien expresó "nuestro respaldo al Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein que lo único que hizo fue cumplir con el Código Penal y el fallo F.A.L. de la Corte Suprema".

"Es una verdadera pena que el presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande. Este gobierno dio un gran paso adelante cuándo abrió el debate sobre el aborto y hoy el Presidente sorprende con esta decisión contradictoria y que reprobamos", agregó Lousteau.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo como una política central de salud pública y con la lucha llevada adelante por el colectivo de mujeres y jóvenes", conlcuyó.

Además de evitar la obstaculización de un aborto no punible por vía judicial, burocrática o médica, situación que se repite en el país incluso en los casos de abortos no punibles previstos por la ley, el nuevo Protocolo señala que para acceder a la interrupción legal del embarazo se requiere solamente del pedido de la mujer que busca practicarlo, con consentimiento informado y mediante una declaración jurada en la que afirma que su caso se encuentra entre las causales de no punibilidad previstas por la ley, como cuando el embarazo es producto de una violación o representa un peligro para la vida y la salud de la gestante.

Pero el nuevo protocolo también establece que la intervención debe hacerse en no más de diez días desde el pedido y que no puede ser rechazada por ninguna institución pública o privada, al considerar que la objeción de conciencia es individual y no puede ser institucional.

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