Apelando a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y al conjunto de leyes ambientales que rigen la vida constitucional se reclamó la inmediata intervención de ese organismo y la suspensión de las obras. 

Se exigió información acerca de por qué medio administrativo o resolución se autorizaron los nuevos movimientos de suelo en la zona y que se remita copia de la medida en cuestión a efectos de identificar los responsables de su dictado y los alcances de la misma. 

Además, que se realice un acta de constatación en el lugar por parte de la autoridad pública que determine el estado ambiental de la misma especialmente en cuanto a los ejemplares de árboles que allí se encuentran.
También exigimos que se informe sobre qué tipo de acciones se toman para la conservación de la zona y la prevención de daños sobre humedales y sobre el bosque ribereño.

Que remitan el estudio de Impacto Ambiental y que informen los motivos de la no realización de audiencia pública previo al inicio de las obras y que identifique a los responsables de dicha omisión.

En similares términos se dirigieron simultáneamente, al Defensor del Pueblo de la Provincia para solicitar la actuación de ese organismo en salvaguarda de los derechos de la población. 

En ambos casos se acompañaron fotos que demuestran la veracidad de las denuncias.