Tal cual lo habíamos adelantado, los beneficiarios de la jubilación mínima y asignación universal por hijo, estarán cobrando un bono de 3000 pesos. Las medidas buscan paliar la situación crítica que se presenta por la pandemia del coronavirus
Política17 de marzo de 2020 Ahora Online
El Gobierno presentó hoy una batería de medidas con las que apunta a mejorar los ingresos de quienes perciben algún tipo de prestación social: habrá bono para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de otros planes sociales. Se posterga el pago a quienes hayan tomado créditos de Anses y se reforzará la asistencia a comedores y merenderos, los que deberán trabajar con un sistema de viandas.
El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, fue el encargado de anunciar el pago de un bono de 3.000 pesos para los jubilados que perciban el haber mínimo y un bono extraordinario para los beneficiarios de la AUH, como parte de la medidas sociales lanzadas por el gobierno ante la propagación del coronavirus.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en tanto, anunció que se implementará un "refuerzo adicional alimentario a comedores escolares, comunitarios y merenderos" e informó que "se llevará el sistema de asistencia alimentaria al modelo de viandas para evitar el traslado y movimiento de personas".
A los que perciben planes sociales, refuerzo único de 3000 (marzo) y creación de un banco de materiales para zonas precarias.
-Refuerzo en asistencia a comedores y merenderos (en modelo de vianda).
-Cambio en la entrega de la distribución de la tarjeta alimentaria. Se entregará por correo y se va dar de alta por medio de un sistema que se dará a conocer el miércoles.
-3.000 pesos para las jubilaciones mínimas por única vez.
-Se duplica la AUH y asignaciones por embarazo.
-Se extiende hasta mayo (se suma abril y mayo) la suspensión de pagos para quienes hayas adquirido créditos de
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Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.