El cadete de la policía bonaerense de 27 años, fue gravemente herido durante un entrenamiento en la Base Puente 12 en Ciudad Evita. Un instructor disparó accidentalmente con su arma reglamentaria, hiriéndolo de gravedad en el cuello. Mientras su familia y amigos claman por justicia, el joven lucha por su vida tras varias cirugías.
La Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano paraguayo, líder de una organización que adulteraba vehículos y falsificaba documentos en la provincia de Buenos Aires. Además, otros tres miembros de la banda fueron imputados, y se secuestró una gran cantidad de documentación falsa, vehículos, celulares y un arma en tres allanamientos realizados en Moreno, Ciudad Evita y Florencio Varela.
El sujeto de 29 años, es acusado por tráfico, acopio, fraccionamiento, distribución, venta y lavado de activos resultantes del narcotráfico, en el partido bonaerense de La Matanza.
Dos jóvenes de 21 años fueron aprehendidos tras robar una motocicleta Zanella ZB 110 y ser sorprendidos por la policía cuando intentaban encenderla en la vía pública.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.