El sector salud argentino brinda a la población tres vías de acceso a la atención médica. Una es el sistema de obras sociales que aglutina al 46% de la población. La segunda es el sistema privado de medicina prepaga a la que accede el 16% de la población (de los cuales dos tercios son personas que teniendo cobertura de obra social derivan su aporte a una empresa de medicina prepaga). El 38% restante de la población no tiene cobertura a través de un seguro de salud sino que es atendida de manera espontánea y gratuita en los hospitales públicos. La intención del gobierno es mejorar la atención para este segmento.
Las provincias y municipios financian y gestionan la mayor parte de los hospitales públicos. Por lo tanto, para aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los servicios médicos a los que accede la gente sin seguro es necesario idear estrategias para que las autoridades provinciales y municipales cambien el funcionamiento de sus establecimientos sanitarios. Esto implica que el gobierno nacional no puede modificar de manera directa la situación de los hospitales públicos sino a través de la coordinación con las provincias.
La administración de los hospitales públicos presenta ciertas peculiaridades. Si bien no se dispone de información agregada sobre el universo de todas las instituciones, con datos de algunos presupuestos provinciales se observa que:
Aunque se trata de información parcial y estimativa, las proporciones resultan muy sugerentes. La gran mayoría del presupuesto de los hospitales se vuelca al pago de salarios de médicos, enfermeros, mucamas, paramédicos y administrativos, al punto que 8 de cada 10 pesos se aplica al gasto en personal. El resto de las erogaciones se destina a insumos para alimentación, limpieza, medicamentos, descartables, equipos y mantenimiento. Las partidas para inversiones en los presupuestos hospitalarios, en general, son mínimas y se manejan centralizadamente.
Que los gastos en personal absorban la mayor parte del presupuesto indica donde están los desafíos. No es exagerado afirmar que los resultados sanitarios dependen decisivamente de la calidad, compromiso, esfuerzo y dedicación del personal, en especial, los profesionales. Sin embargo, ninguna provincia publica datos de cantidad y perfil de sus recursos humanos en salud pública, ni sobre su producción hospitalaria como podría ser horas trabajadas, consultas atendidas, internaciones y cirugías.
La situación que prevalece en la mayoría de los hospitales públicos es la ausencia de controles efectivos sobre ausentismo y cumplimiento de horarios. De allí que no se sabe cuál es la producción de cada profesional. En una medición puntual en los hospitales públicos de una provincia se llegó a detectar que cada profesional ponía a disposición sólo 8 turnos por mes, que se reducían luego a 4 por cancelaciones debido a asistencia a congresos médicos o inasistencias justificadas. Planteado de otra manera, si la infraestructura hospitalaria se usara plenamente y los empleados cumplieran con la dedicación horaria fijada en sus contratos, la oferta de servicios que los hospitales públicos pondrían a disposición sería muy superior a la que podrían llegar a demandar las personas sin cobertura de un seguro de salud.
Para mejorar la atención de la gente sin cobertura de seguro es crucial revertir el ambiente de desmotivación y descontrol que prevalece en los hospitales públicos. Por eso, mucho más importante que invertir en infraestructura y equipamiento médico es destinar recursos y esfuerzos de gestión a cambiar los comportamientos del personal. En particular, es fundamental que las remuneraciones premien la dedicación y los controles mitiguen la falta de compromiso.
