M.S.BONFIGLI
La política vuelve a elegir sus propios privilegios antes que los intereses ciudadanos. Con el voto definitorio de Verónica Magario, el Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto que permite la reelección indefinida de diputados y senadores, en un paso más hacia la consolidación de una clase política aferrada al poder.
El oficialismo logró avanzar con la modificación del artículo 13 bis de la Ley 5109, eliminando el límite que, desde 2016, impedía más de dos mandatos consecutivos en la Legislatura. La paridad en la votación —22 a favor y 22 en contra— fue resuelta por la presidenta de la Cámara Alta, la vicegobernadora Magario, quien inclinó la balanza a favor de la iniciativa. El resultado final fue 23 votos a favor, 22 en contra y una abstención.
Aunque los intendentes quedaron, por ahora, fuera del alcance de esta modificación, el debate encendió las alarmas: la política, una vez más, legisla en beneficio propio, mientras los problemas estructurales de la provincia siguen sin respuesta.
El proyecto fue impulsado por el senador Luis Vivona, estrechamente vinculado al kirchnerismo, y se enmarca en una serie de movimientos que muestran la voluntad del oficialismo por mantener el control del aparato legislativo. Horas antes, la Legislatura había aprobado también la suspensión de las PASO, a pedido de Axel Kicillof, lo que refuerza la estrategia de concentración del poder.
No es casualidad que esta reforma llegue justo en el momento en que muchos legisladores culminan su segundo mandato y, de no modificarse la ley, deberían dar un paso al costado. Nombres como Teresa García, Facundo Tignanelli y otros tantos podrían reelegirse indefinidamente si la Cámara de Diputados también aprueba la medida.
El Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, no acompañó el proyecto. Sin embargo, el oficialismo logró reunir el quórum necesario sumando presencias en el recinto y una conexión virtual. La votación, tras más de cuatro horas de cuarto intermedio, fue la confirmación de que la dirigencia prioriza sus intereses corporativos sobre cualquier promesa de renovación política.
Esta ley, que fue impulsada en 2016 por la exgobernadora María Eugenia Vidal, había sido presentada como un freno a los barones del conurbano y un paso hacia la alternancia democrática. Hoy, esa limitación corre serio riesgo de ser sepultada por una clase política que no está dispuesta a soltar el poder.
Si la Cámara de Diputados convierte este proyecto en ley, la provincia de Buenos Aires se alejará aún más del ideal republicano de renovación y control del poder. En tiempos donde la política debería recuperar credibilidad y responder a las demandas sociales, lo único que parece movilizar a muchos legisladores es su propia supervivencia.
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