Trabajamos, pagamos los impuestos, mantenemos una estructura estatal inmensa para que nos garanticen la posibilidad de progresar y ver crecer a nuestra familia. Esto requiere, de mínima, una fuerza policial capacitada para prevenir y combatir el delito que destruye los sueños de una vida mejor.
Hoy la política argentina se resignó a tener una seguridad atada con alambres. El heroísmo de la gran mayoría de las fuerzas policiales es lo único que mantiene el poco orden público que queda en nuestra sociedad.
Frente a la inminencia de un cambio de rumbo en la nación necesitamos alzar la voz de las demandas de la seguridad. Los gritos por justicia no pueden quedar en el eco de un grupo de vecinos afectados por hechos particulares. La sociedad bonaerense debe ser unánime en su pedido de que el Estado se plante firme de su lado frente a la delincuencia.
En la política del despilfarro, de los gastos innecesarios, parece que el ahorro de las autoridades solo se hace en aquello que es fundamental. Ahorran en el cuidado de lo más básico, la vida de nuestras familias. Todos los que cargamos con algunas décadas sabemos que esto no es nuevo, pero también sabemos que con promesas vacías no se salva nadie.
Hace unos días vimos el ejemplo más gráfico de este desinterés e ineptitud en el manejo de la seguridad pública. El gobernador Kicillof y el municipio de Berazategui llamaron a una convocatoria para conductores de patrulleros que tienen menos requisitos de los que se necesitan para trabajar en Rappi.
Hay un solo camino para cortar con la escalada de violencia, estar del lado de quienes nos cuidan y garantizarles la mejor preparación y equipamiento. Esto necesariamente implica poner a la seguridad como principal prioridad presupuestaria y dejar de improvisar queriendo ahorrar para cuidar lo más importante que tenemos.
Por Nicolás Terrera
