AUMENTOS QUE IMPACTARAN TU BOLSILLO

Con el comienzo del mes de noviembre, Argentina enfrenta una serie de aumentos que ejercerán presión adicional sobre la inflación, que ya ha experimentado tres períodos consecutivos con incrementos de dos dígitos. A continuación, se detallan algunos de los sectores que experimentarán alzas en este mes:

Alquileres: La vivienda es una de las principales preocupaciones para la sociedad. A pesar de la reciente discusión en el Congreso Nacional y la implementación de una nueva ley para contratos nuevos, los contratos firmados entre el 1 de julio de 2022 y el 17 de octubre de 2023 seguirán sujetos a la ley anterior. En este caso, la actualización se mantiene vinculada al Índice de Contratos de Locación (ICL), que refleja aumentos del orden del 120%.

Medicina Privada: Las cuotas de medicina prepaga tendrán un aumento del 11% en noviembre. Se debe tener en cuenta que las familias con ingresos mensuales brutos por debajo de los $2 millones tienen la opción de solicitar el congelamiento de las cuotas.

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Telefonía, Cable e Internet: Las tarifas de estos servicios subirán un 4,5% en noviembre como resultado de un acuerdo entre las empresas del sector y el gobierno nacional.

Empleadas de Casas Particulares: A partir de noviembre, se aplicará un incremento del 12% correspondiente al salario de octubre, y en diciembre se producirá un alza similar correspondiente a noviembre.

Peajes: Las tarifas de peajes en rutas nacionales y algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 50% en noviembre, tras un proceso de Consulta Ciudadana que se llevó a cabo.

Colegios Privados en la Provincia de Buenos Aires: Los colegios privados de la provincia incrementarán las cuotas en un 11% según la autorización del gobierno provincial.

Taxis: A partir del 1 de noviembre, el valor de la ficha durante el horario diurno será de $54,80 y el de la bajada de bandera a $548; en tanto que por las noches los costos serán de 65,80 y $658.

Hasta el momento no se han informado aumentos en las tarifas de los servicios públicos, cuyos valores debían ajustarse a partir de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión para reducir subsidios.