Una reciente denuncia de Capital Humano, seguido con un informe de la señal Todo Noticias (TN) destapó una presunta red de corrupción en la distribución de fondos y alimentos destinados a comedores sociales en Argentina. Felipe Romero, dueño de una propiedad en Berazategui, fue uno de los denunciantes. Indicó que su comedor, "Pequeños Gigantes", dejó de funcionar hace tres años, pero continuaba figurando como beneficiario de ayuda estatal.
Romero detalló que el comedor, ubicado en la Calle 25 al 2620, cerró abruptamente tras una denuncia de los vecinos, según le comunicó una referente social llamada Adriana, del Movimiento Corriente Pueblo Unido, perteneciente a la UTEP. "Hace tres años que me levantaron el comedor. Venían muchos chicos. Cuando dejamos, venían a preguntar por qué no hacíamos más nada, y les dije que nos levantaron", comentó Romero a TN.
A pesar de que "Pequeños Gigantes" dejó de operar, el Ministerio de Desarrollo Social seguía enviando fondos hasta diciembre de 2023. Romero señaló que nunca manejó los recursos directamente: "A mí me traían mercadería y nunca cobré nada. Solo le daba alimentos a los chicos".
La investigación que está en manos de la justicia reveló que más de la mitad de los 2168 comedores auditados no existían. Entre los casos encontrados, había direcciones inexistentes, teléfonos incorrectos y comedores que llevaban años sin operar. Más de 1000 comedores y centros comunitarios que aparecían en los registros oficiales eran falsos, con la comida administrada por organizaciones políticas y movimientos sociales.
Ejemplos de estas irregularidades se encontraron en Bernal, cerca de la Villa Itatí, donde comedores como "Tejiendo Redes de Inclusión" y "Soplo de Vida" aparecían a solo cien metros de distancia, aunque ninguno existía. Los vecinos confirmaron que nunca hubo actividad comunitaria en esas direcciones.
El Renacom, creado en 2020 bajo la gestión de Daniel Arroyo y con Laura Valeria Alonso de La Cámpora a cargo, tenía como objetivo acreditar la existencia de estos comedores. Sin embargo, la evidencia sugiere que esta tarea no se cumplió adecuadamente. Exfuncionarios admiten que pudo haber habido inscripciones compulsivas de comedores y que el sistema tenía "agujeros".
Los alimentos eran repartidos desde puntos oficiales a galpones de distintas organizaciones, con la cantidad determinada por la cantidad de comedores y comensales registrados. Los referentes zonales decidían la distribución final, lo que generaba un modelo discrecional y vulnerable a la corrupción.
El nuevo gobierno, liderado por Javier Milei, se comprometió a eliminar a los intermediarios en la distribución de ayuda social. La ministra Sandra Pettovello ha señalado la eliminación de estos intermediarios como un objetivo central de su gestión.
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